En una movida decisiva para retomar el control estatal de los centros de privación de libertad, el presidente Daniel Noboa emitió este jueves 23 de abril de 2026 el Decreto Ejecutivo 366. Este documento de 131 páginas establece el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, introduciendo cambios profundos en la gobernanza, seguridad y el modelo de reinserción de los reclusos en el país.
Inteligencia y niveles de seguridad: El nuevo modelo
El reglamento eleva la seguridad a un eje transversal. La gran novedad es la creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria dentro del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia. Esta unidad tendrá la tarea de anticipar crisis, detectar amenazas internas y prevenir los motines que han enlutado al país en años anteriores.
Además, se formaliza la clasificación de las cárceles en tres niveles: mínima, media y máxima seguridad. Los privados de libertad (PPL) ya no estarán mezclados al azar; serán separados estrictamente por su peligrosidad, edad, género y situación jurídica, buscando mitigar riesgos de convivencia y violencia.
Más que castigo: Rehabilitación obligatoria
El Decreto 366 enfatiza que el sistema no solo debe castigar, sino rehabilitar. Para ello, se establecen cinco ejes obligatorios: educación, salud, trabajo, deporte y cultura. El progreso de cada interno en estas áreas será evaluado periódicamente y será determinante para acceder a beneficios como el régimen semiabierto o el uso de dispositivos de vigilancia electrónica (grilletes), los cuales ahora se usarán más allá de las medidas cautelares.
Control contra la extorsión
Para golpear las economías criminales dentro de los muros, el reglamento refuerza el control de los economatos. Se busca garantizar un abastecimiento legal de productos básicos y evitar que las bandas realicen cobros extorsivos a otros presos por comida o artículos de higiene.
Profesionalización y uso de la fuerza
El personal del SNAI y el Cuerpo de Seguridad recibirán capacitación continua bajo un modelo de fuerza técnica especializada. El reglamento es claro en cuanto al uso proporcional de la fuerza, estableciendo protocolos que priorizan la vida pero aseguran el orden mediante un régimen disciplinario de faltas leves, graves y gravísimas.
Con este nuevo marco legal, el Gobierno busca transformar un sistema colapsado en una estructura técnica y segura, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad nacional.
