La disputa por la permanencia de Unidad Popular en el registro electoral ha tomado un giro legal crítico. Este lunes 27 de abril de 2026, Geovanny Atarihuana, director nacional de la organización, arremetió contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmando que la resolución que pretende cancelarlos carece de validez legal por haber sido emitida fuera de los tiempos permitidos por el Código de la Democracia.
El argumento del «reloj»: 23 días de desfase
Según Atarihuana, la ley es clara: cualquier resolución de cancelación debe emitirse hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Para el actual proceso, dicho plazo venció el 3 de abril. Al haberse emitido la resolución el 26 de abril (23 días después), el dirigente sostiene que la decisión es «nula de pleno derecho».
«El CNE ha violado de forma expresa el artículo 327 del Código de la Democracia», señaló el directivo, advirtiendo que esta falta de rigor temporal invalida la actuación de los consejeros liderados por Diana Atamaint.
La guerra de las cifras: ¿Cuántos afiliados hay?
Otro punto de fricción es el número de adherentes. Mientras el CNE argumenta una reducción significativa, Unidad Popular presentó sus propios datos validados:
- Base sólida: Más de 206 000 afiliados registrados y validados en procesos previos (2012, 2015 y 2020).
- Bajas mínimas: Atarihuana asegura que en seis años solo se han desafiliado 1 483 personas, lo que representa apenas el 1% del total.
Camino al Tribunal Contencioso Electoral (TCE)
Para la dirigencia de Unidad Popular, no existe sustento técnico ni jurídico para su eliminación. Con este reclamo de extemporaneidad como bandera, la organización se prepara para llevar el caso ante el TCE, donde esperan que se revoque la medida y se les permita participar en las elecciones de noviembre, defendiendo lo que consideran un derecho de participación democrática ganado en las urnas.
