Los pacientes con diabetes en Ecuador, una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el país, deberán continuar en la incertidumbre. Este 28 de abril de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional no logró aprobar el informe para segundo debate de la Ley de Diabetes, devolviendo el documento a la Comisión de Salud tras la aparición de nuevas observaciones que evidencian una fractura entre las bancadas de gobierno y oposición.
Fuego cruzado en la Comisión de Salud La sesión se encendió cuando la legisladora Cristina Jácome, de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó la efectividad del proyecto. Según Jácome, la ley actual es «meramente declarativa» porque no diferencia los tipos de diabetes (Tipo 1 y Tipo 2) ni garantiza el acceso real a insumos y medicamentos esenciales. «Su ejercicio se vuelve imposible de exigir», sentenció.
La respuesta de Juan Reyes, presidente de la mesa de Salud y asambleísta de ADN, no se hizo esperar. Reyes calificó de «lamentable» que estas observaciones no se presentaran por escrito a tiempo y acusó a la oposición de no leer los proyectos. «Siento que simplemente están tirando fuego por tirar», arremetió el legislador oficialista.
Una realidad alarmante: 1 de cada 9 ecuatorianos afectado Mientras los políticos discuten, las cifras en las calles son críticas. Ana Fernández, directora de la Casa de la Diabetes, reveló a PRIMICIAS que uno de cada nueve ecuatorianos padece esta patología. Lo más grave es que el 50% de los afectados desconoce su diagnóstico, lo que acelera complicaciones graves por falta de tratamiento oportuno.
A pesar de la «tristeza» por el retraso, Fernández mantiene la esperanza en que el documento se refuerce. La reforma actual propone avances significativos como:
- Creación de un Programa Nacional de Diabetes.
- Acceso a nuevas tecnologías y moléculas de tratamiento.
- Protección laboral: Normas para evitar el despido de pacientes que requieren permisos para sus tratamientos.
- Capítulos específicos contra la discriminación.
22 años de olvido legislativo La sombra del pasado persigue a esta ley. En 2004, el antiguo Congreso ya aprobó una normativa similar que ordenaba la creación del Instituto Nacional de Diabetología, entidad que nunca vio la luz por falta de un reglamento en más de dos décadas.
La Comisión de Salud tiene ahora un plazo de ocho días para pulir el informe final. De su capacidad de consenso depende que esta vez la ley no se quede en otra promesa de papel, sino que se convierta en una política de Estado real para miles de ecuatorianos que luchan contra el azúcar cada día.
