La tarde del lunes 4 de mayo de 2026, el sistema penitenciario de Ecuador volvió a teñirse de sangre. Gabriela Fernanda Triviño Estrada, una abogada manabita de 36 años y analista jurídica del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), fue asesinada a balazos en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas N.° 2, en la vía a Daule, Guayaquil. El crimen, ocurrido frente a decenas de transeúntes y su propio esposo, subraya la crisis de inseguridad que enfrentan los funcionarios carcelarios en el país.
Una escena de horror frente a la Penitenciaría
El ataque ocurrió aproximadamente a las 17:15. Gabriela Triviño terminaba su jornada laboral y se disponía a subir al vehículo de su esposo, quien la esperaba afuera del complejo carcelario. En ese instante, dos sujetos a bordo de una motocicleta negra sin placas la interceptaron y abrieron fuego de manera directa.
El cuerpo de la víctima quedó tendido boca arriba sobre el pavimento, a pocos metros del ingreso a la Penitenciaría del Litoral. Quienes presenciaron la escena describieron el fuerte contraste entre el cabello castaño y la blusa de estampado de leopardo de la funcionaria con el charco de sangre que emanaba de su cabeza. Criminalística recolectó en el sitio vainas percutidas calibre 9 milímetros corto y un teléfono celular, elementos clave para la investigación.
El peligro de firmar boletas y traslados
Gabriela Triviño ocupaba un cargo crítico. Como analista jurídica, su firma era determinante para la emisión de boletas de salida y la elaboración de informes técnicos para traslados de reclusas. Su trabajo incluía revisar solicitudes de beneficios penitenciarios como prelibertad, rebajas de penas y salidas anticipadas.
El crimen ocurre en un contexto de alta tensión: apenas el 8 de abril de 2026, el sistema realizó una reconfiguración masiva, trasladando a mujeres de «alta peligrosidad» a la cárcel conocida como La Roca (Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.° 3). El nexo laboral es la principal hipótesis de la Policía Nacional, especialmente porque la víctima llevaba apenas tres meses en el cargo (desde febrero de 2026) y ya había manifestado a sus familiares sentir riesgos asociados a sus funciones. Además, se investiga una pista sobre supuestos inconvenientes con una funcionaria del área de Talento Humano del SNAI.
Un patrón de violencia imparable
El asesinato de Triviño no es un hecho aislado. En lo que va de 2026, ya se reportan dos funcionarios penitenciarios asesinados; el anterior fue Cristian Fabián Vaca Toaqui, un guía acribillado el 21 de abril en Bahía de Caráquez.
Sin embargo, las cifras desde 2025 son aterradoras:
- 19 funcionarios penitenciarios asesinados en total desde el año pasado.
- En 2025, 17 agentes de seguridad fueron víctimas de sicariato o motines.
- Un servidor falleció en marzo de 2025 por la explosión de un coche bomba frente a la Penitenciaría.
El SNAI ha calificado su entorno laboral como un «escenario operativo de alto riesgo», admitiendo que su personal vive bajo amenazas constantes de muerte y secuestro. Pese a la entrega de más de 4,000 chalecos balísticos, los ataques en los exteriores de los centros siguen cobrando vidas.
Trayectoria y vida personal
Gabriela Triviño era originaria de Manabí y tenía una trayectoria sólida en el sector público. Antes de llegar al SNAI, trabajó en el Consejo de la Judicatura (2015) y fue analista jurídica en la Secretaría de Gestión de Riesgos entre 2018 y 2025. En el ámbito personal, los registros judiciales solo muestran un proceso pasado de fijación de pensión alimenticia por su hija, resuelto años atrás en Portoviejo. Hoy, su muerte deja un vacío legal y una advertencia sangrienta sobre quién controla realmente las llaves de las cárceles en Ecuador.
