Este miércoles 13 de mayo de 2026, la situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha tomado un giro drástico y profundamente personal. Desde la denominada Cárcel del Encuentro, el político compareció de forma telemática ante el juez de la Unidad Anticorrupción, Jairo García, para enfrentar una audiencia de reformulación de cargos y la vinculación de nuevos implicados en el proceso denominado «Caso Goleada».
De Delincuencia Organizada a Lavado de Activos La Fiscalía General del Estado solicitó formalmente el cambio de la figura delictiva que pesaba sobre los procesados. Lo que inicialmente se investigaba como delincuencia organizada, ahora se ha transformado en un presunto delito de lavado de activos. Esta reformulación responde al hallazgo de nuevos indicios sobre el manejo de capitales de origen ilícito. Durante la diligencia, el fiscal también ratificó el pedido de prisión preventiva para Alvarez, una medida que el burgomaestre ya se encuentra cumpliendo debido a su implicación previa en el caso Triple A.
El golpe al círculo familiar más íntimo Uno de los puntos más impactantes de la jornada fue la vinculación oficial de cinco personas adicionales al proceso, todas pertenecientes al entorno familiar y de confianza del Alcalde. Entre los nuevos procesados figuran:
- Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Alvarez.
- Gioconda Henríquez, madre del político (radicada en Estados Unidos).
- Dos primos del Alcalde.
- Una quinta persona adicional de su círculo cercano.
Con estas incorporaciones, la lista de procesados en el caso Goleada asciende a un total de 17 personas. Tanto la esposa como la madre de Alvarez se conectaron telemáticamente a la audiencia, que inició formalmente a las 09:28 bajo estrictas medidas de reserva. El juez García resolvió que la diligencia no estuviera abierta al público, conforme lo dictamina la normativa para estos delitos específicos.
El entramado delictivo: Diesel subsidiado y rutas en Panamá La tesis de la Fiscalía sostiene que Aquiles Alvarez y sus hermanos presuntamente lideraron un entramado empresarial diseñado para el aprovechamiento ilícito de recursos estatales. Según las investigaciones, la organización adquiría millonarios volúmenes de diésel subsidiado por el Estado ecuatoriano.
Este combustible, cuyo destino legal eran embarcaciones de bandera nacional, era presuntamente desviado y revendido a naves internacionales a precio de mercado. Esta operación no solo habría generado un perjuicio económico directo al Estado, sino que las ganancias resultantes se habrían introducido al sistema financiero formal a través de empresas de papel domiciliadas en Panamá.
Recta final del proceso Con la vinculación de los nuevos familiares este 13 de mayo, la instrucción fiscal entra en su etapa de cierre. Se espera que esta fase concluya el próximo 11 de junio, fecha en la cual se definirá quiénes serán llamados a juicio para responder por el presunto esquema de corrupción y lavado de dinero que ha sacudido la administración municipal de Guayaquil.
