Juan Carlos Orellana, quien se desempeña actualmente como alcalde en funciones del cantón Aguarico, una jurisdicción territorial perteneciente a la provincia de Orellana, en la región amazónica de Ecuador, fue sentenciado de manera oficial a una pena de tres años de privación de libertad. La Fiscalía General del Estado informó de manera pública este lunes 18 de mayo de 2026 que la autoridad civil fue hallada culpable del delito de falsificación y uso de documento falso, tras determinarse judicialmente que utilizó un título de abogado falso para proceder con la firma y validación de diversos documentos de carácter legal, tanto en el ámbito público como en el privado.
De acuerdo con el desarrollo de las investigaciones técnicas y jurídicas, se determinó de forma fehaciente que el alcalde de este cantón amazónico utilizó una serie de documentos no auténticos para engañar a las instituciones de control. Entre las piezas adulteradas constaban un título profesional de abogado, un récord académico detallado y un certificado que avalaba una supuesta modalidad presencial de estudios superiores, documentos que aparentaban haber sido emitidos de forma legal por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Con este paquete documental apócrifo, Orellana procedió a tramitar y ejecutar el registro oficial de su supuesto título profesional ante la entonces Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) en el mes de agosto del año 2019.
Dentro de los elementos probatorios recopilados durante la etapa de instrucción fiscal, la Directora de Registros y Admisiones de la mencionada universidad colombiana compareció en las investigaciones para certificar de forma oficial que el ciudadano procesado jamás cursó estudios de pregrado ni de ninguna índole en dicha institución académica internacional. Asimismo, los peritajes técnicos especializados realizados por un perito documentológico de la Policía Nacional determinaron la existencia de graves inconsistencias en los códigos QR impresos en los certificados presentados. A estas evidencias de cargo se sumó el informe oficial de la Dirección Nacional de Migración, el cual certificó que no existían registros de movimientos migratorios de salida del país a nombre de Juan Carlos Orellana durante el supuesto periodo cronológico de su formación profesional en el extranjero.
Otra de las pruebas fundamentales presentadas por la Fiscalía General del Estado durante el desarrollo de la audiencia de juicio demostró que en los archivos del departamento de Talento Humano del Municipio de Aguarico no constaban registros de permisos aprobados, licencias institucionales ni comisiones de servicios a favor del procesado durante el periodo temporal en que ejerció de forma previa las funciones de concejal de la misma localidad, época en la que presuntamente debía encontrarse en las aulas universitarias fuera del Ecuador.
A pesar de no contar con el aval profesional, los informes técnicos revelaron que Orellana se presentó activamente ante la sociedad y las instituciones bajo el estatus de profesional del derecho, firmando de forma recurrente documentos judiciales, oficios municipales y memorandos internos. Esta situación fue ratificada mediante la práctica de pericias caligráficas y documentológicas sobre un total de doce documentos institucionales específicos, con el fin de verificar la autenticidad y autoría de su firma manuscrita. Cabe recalcar que, durante el desarrollo de las audiencias del juicio oral, el alcalde de Aguarico decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio.
Con base en la contundencia de las pruebas aportadas por la parte acusadora, el tribunal judicial correspondiente declaró a Juan Carlos Orellana como autor directo del delito de uso doloso de documento falso, imponiéndole la condena de tres años de cárcel. De igual manera, el Juez de la causa dispuso que el sentenciado deberá realizar el pago obligatorio de una multa económica equivalente a 10 salarios básicos unificados. En el ámbito administrativo, la autoridad judicial ordenó de forma expresa al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Registro Civil la anulación inmediata del registro del título de abogado en sus plataformas, así como la respectiva actualización de la hoja de vida e instrucción superior del ciudadano sentenciado.
Finalmente, dentro de las medidas dictaminadas orientadas a la reparación integral del daño público, el Tribunal de Garantías Penales dispuso que Juan Carlos Orellana ofrezca disculpas públicas a la ciudadanía. El texto completo de estas disculpas tendrá que permanecer publicado de forma obligatoria por el periodo exacto de un año en el sitio web institucional oficial del Ministerio de Educación del Ecuador.
