La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) ha denunciado formalmente lo que califica como una «persecución y acoso sistemático» por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Según los dirigentes de la organización, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Pueblos, estaría ejecutando acciones burocráticas dirigidas a bloquear el registro legal del nuevo Consejo de Gobierno, electo el pasado mes de enero, dejando a la confederación en una peligrosa situación de orfandad jurídica.
El conflicto surge tras la negativa de la Secretaría de Pueblos de registrar la directiva encabezada por Leonidas Iza Salazar, quien fue electo presidente en el VIII Congreso de la organización. A pesar de haber cumplido con la entrega de documentos en dos ocasiones —el 26 de marzo y el 17 de abril—, la entidad estatal decidió archivar el trámite el pasado 12 de mayo, bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de requisitos. Este archivo se vio potenciado por una solicitud de interferencia presentada por la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro (Corpukis), una acción que, según la Ecuarunari, cuenta con la complicidad de operadores políticos dentro de la estructura estatal.
Eliana Champutiz, presidenta encargada de la Ecuarunari en ausencia de Iza, advirtió que esta medida atenta directamente contra el derecho colectivo a la autodeterminación de los pueblos. «Están desconociendo nuestra existencia legal, lo que nos impide hacer los trámites para existir», enfatizó. La dirigente denunció que funcionarios como Fernando Sarango, miembro de Corpukis y funcionario de la Secretaría de Pueblos, estarían favoreciendo al Gobierno para frenar el registro del consejo de gobierno.
Un cerco que incluye bloqueo de cuentas
La persecución denunciada por los movimientos indígenas no se limita a temas de registro administrativo. Dirigentes de la Fenocin, presentes en el pronunciamiento, confirmaron que atraviesan una situación similar. Champutiz denunció además que el Ejecutivo, mediante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ha ordenado desde septiembre de 2025 el bloqueo de las cuentas bancarias de las organizaciones bajo el argumento de presuntos vínculos con actividades ilícitas o fines de desestabilización política, señalamientos que, según afirman, no han sido demostrados en ninguna instancia judicial.
Revocatoria: «Va porque va»
Lejos de amedrentarse por el bloqueo administrativo, los dirigentes indígenas han respondido con un mensaje de confrontación directa. Guido Perugachi, de la Fenocin, exigió la renuncia inmediata de Julia Angulo, secretaria de Pueblos, a quien acusa de ignorar los derechos colectivos de los pueblos.
Los dirigentes ratificaron que, pese a las trabas burocráticas y la falta de registros oficiales, la iniciativa de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa sigue en pie. «Los primeros que vamos a firmar somos los que no tenemos los registros», aseguraron. Ambas organizaciones anunciaron que emprenderán acciones legales contra la Secretaría de Pueblos por obstrucción y contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las demoras injustificadas en la entrega de los formularios necesarios para la recolección de firmas, preparando así el terreno para una nueva etapa de tensión política en el país.
