El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha emitido una resolución definitiva que marca un precedente en el ámbito de la justicia electoral del país. Este martes 19 de mayo de 2026, se oficializó el registro de la suspensión de los derechos políticos de Ivonne Núñez, quien se desempeñó como Ministra del Trabajo. Además de esta inhabilitación para el ejercicio de la política, el órgano jurisdiccional ratificó la imposición de una multa económica severa, equivalente a 30 salarios básicos unificados, lo que representa un monto total de USD 14.460.
La resolución del TCE es contundente: el tribunal ordenó la exclusión inmediata de la exministra del Registro Electoral, una medida que impide cualquier participación política futura hasta que se cumplan los términos de la sentencia. Asimismo, se notificó a todas las instituciones públicas competentes para que procedan con la ejecución del fallo de manera inmediata.
El antecedente del caso
Esta sanción tiene su origen en una denuncia presentada por Mónica Loza Torres, actual viceprefecta de Chimborazo, quien acusó a la exministra por la comisión de una presunta infracción electoral calificada como grave. Según los fundamentos de la denuncia, la entonces titular de la cartera de Trabajo habría incumplido con su deber legal de inscribir y ejecutar de manera oportuna la suspensión de los derechos políticos de Hermel Tayupanda, prefecto de Chimborazo. Como se recordará, Tayupanda fue sancionado anteriormente por inducir al voto durante el desarrollo de la campaña electoral correspondiente al año 2025.
El último intento legal fallido
La defensa de Ivonne Núñez intentó revertir esta situación jurídica mediante la presentación de un recurso extraordinario el pasado 14 de mayo de 2026, con el cual buscaba evitar la ejecución de la sanción. No obstante, dicho recurso fue negado por el Tribunal, lo que derivó en la confirmación total de la condena: la inhabilitación política y el pago íntegro de la multa económica. Con esta decisión, la justicia electoral cierra el expediente, dejando a la exfuncionaria fuera del tablero electoral por el tiempo que disponga la sentencia.
