Un sargento infiltrado en la Policía Nacional, vinculado al narcotraficante alias ‘Gato Farfán’, está implicado en el robo de 321 kilos de cocaína de una bodega policial en Guayaquil. La droga habría sido revendida por la organización criminal Los Lobos, según investigaciones en curso.
El caso del robo de 321 kilos de cocaína de una bodega de la Unidad Canina de Antinarcóticos en el sur de Guayaquil ha sacudido a las autoridades ecuatorianas. La sustracción ocurrió a fines de febrero de 2024, mientras la droga estaba bajo custodia policial en espera de su destrucción oficial. Sin embargo, un año después, la denuncia sigue en etapa investigativa en la Fiscalía, sin que se hayan identificado responsables penales.
La extracción de la droga habría contado con la participación de funcionarios policiales activos e infiltrados, liderados por un suboficial cercano al narcotraficante Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato Farfán’. Este último, extraditado desde Colombia en enero de 2024, firmó un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos, comprometiéndose a entregar información clave y bienes ilícitos a cambio de beneficios judiciales.
El entonces jefe antinarcóticos de la Zona 8, el teniente coronel Guillermo Palacios, alertó sobre el posible robo cuatro meses antes de que ocurriera. El 23 de noviembre de 2023, Palacios informó al director nacional de Antinarcóticos de la Policía sobre los riesgos en las bodegas de Guayaquil y entregó una lista de policías sospechosos. Sin embargo, no se tomaron medidas para prevenir el desfalco.
“Ya ha pasado más de un año de la denuncia y no hay responsables. Los plazos de prescripción avanzan y temo que se esté esperando que el caso expire en ocho meses más”, declaró Palacios, quien hoy se encuentra fuera del país tras recibir amenazas contra su vida y la de su familia.
Entre los funcionarios señalados figura el “sargento López”, quien posteriormente fue vinculado al caso Jaguar, una investigación sobre corrupción policial que reveló la sustracción de 2.350 kilos de cocaína de la antigua Secretaría Técnica de Drogas de Napo en 2022. El sargento es investigado por sus presuntos nexos con el grupo delictivo de ‘Gato Farfán’ y por facilitar información sensible sobre operativos y movimientos de droga a organizaciones criminales.
El coronel Palacios relató que el robo en la bodega de Guayaquil fue descubierto el 29 de febrero de 2024 durante una revisión rutinaria. En el lugar se almacenaban 67 toneladas de droga distribuidas en 14 contenedores. De uno de ellos desaparecieron siete bultos, equivalentes a 321 kilos de cocaína. Además, se detectaron sellos clonados y un esquema para encubrir los faltantes mediante la sustracción de pequeñas cantidades justificadas como muestras para análisis químicos, las cuales luego volvían al mercado ilegal.
La reventa de los 321 kilos de cocaína sustraídos equivale a casi USD 400.000, considerando que el precio del kilo de clorhidrato de cocaína en el mercado nacional fluctúa entre USD 1.200 y USD 2.500.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este martes 20 de mayo de 2025 que el caso está siendo investigado y aseguró que no habrá tolerancia frente a actos de corrupción cometidos por miembros de la Policía Nacional. “Si estamos actuando con dureza y firmeza ante la delincuencia, vamos a hacerlo de la misma forma dentro de la institución”, declaró durante un acto de relevo de mando en Guayaquil.
Como Comandante General de la #PolicíaEcuador, reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con la transparencia y con una política de cero impunidad frente a la corrupción.No permitiremos que unos pocos empañen el trabajo honesto de miles de servidores policiales que día a día
Por su parte, el nuevo comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, coronel Víctor Hugo Ordóñez, afirmó que las investigaciones están en manos de las autoridades competentes y reiteró el compromiso de la institución de colaborar con la justicia para identificar y sancionar a los responsables.
El caso evidencia graves fallas en los protocolos de seguridad de las bodegas policiales y refleja la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado. Mientras tanto, el coronel Guillermo Palacios, principal denunciante, evalúa acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras señalar omisiones sistemáticas en la investigación y falta de protección efectiva por parte de la Policía Nacional.
