El presidente Daniel Noboa inició su nuevo período de gobierno con una decisión clave: vetar parcialmente las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobadas en el anterior período legislativo. La objeción, publicada este lunes 26 de mayo, afecta dos de los seis artículos reformados.
El Ejecutivo ecuatoriano presentó un veto parcial a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Según el comunicado oficial, el presidente Daniel Noboa considera que dos de los seis artículos necesitan ajustes para garantizar claridad y alineación con la política pública del sector.
El primer artículo cuestionado se refiere a las condiciones de las empresas públicas para prestar servicios de telecomunicaciones, así como las exoneraciones relacionadas con derechos de otorgamiento, renovación de títulos habilitantes y contribuciones obligatorias. En específico, Noboa propone añadir que «las empresas públicas de telecomunicaciones deberán cumplir con la normativa que emita para el efecto la entidad a cargo de la regulación y el control de las telecomunicaciones». Esta modificación busca fortalecer el marco regulatorio y evitar interpretaciones ambiguas sobre las competencias de las entidades involucradas.
En el segundo artículo observado, referente a la ejecución de proyectos para reducir la brecha digital, el Ejecutivo señala que el texto aprobado carece de especificaciones técnicas y financieras claras. Según Noboa, el documento no detalla cómo se financiarán estos proyectos ni los requisitos necesarios para su implementación. Este vacío podría generar incertidumbre en la ejecución de programas clave para democratizar el acceso a las telecomunicaciones en zonas rurales y marginadas.
Este veto parcial se suma a una lista de 17 vetos totales impuestos por el Ejecutivo en el último año, lo que refleja la tensión entre el gobierno y la Asamblea en temas legislativos estratégicos. Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones fueron aprobadas durante el período legislativo anterior, pero quedaron pendientes de revisión debido a las objeciones del Ejecutivo.
Con estas modificaciones, el presidente Noboa busca ajustar las reformas para que sean más coherentes con las políticas públicas del sector y evitar ambigüedades legales. Ahora, corresponderá a la nueva Asamblea Nacional resolver si acepta las observaciones presidenciales o insiste en su versión original, lo que podría desencadenar nuevas discusiones entre ambos poderes del Estado.
