El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrentará este martes 27 de mayo de 2025 una audiencia clave en el caso Triple A, donde buscará evitar el uso del grillete electrónico por razones de salud. En contraste, la Fiscalía de Guayas, junto con otras dos entidades, solicitará su prisión preventiva.
Con un nuevo equipo legal liderado por el penalista Ramiro García y las abogadas Estefany Alvear y Katherine Barona, Aquiles Álvarez intentará revertir la medida cautelar que lo obliga a utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico. El juez Renán Andrade ordenó previamente el uso del grillete como parte de las medidas impuestas tras vincularlo al caso Triple A, que investiga supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles.
Sin embargo, el alcalde ha argumentado que su condición cardiológica —descrita en un certificado médico firmado por el cardiólogo Alfonso Zambrano— le impide cumplir con esta disposición. Según el documento, Álvarez padece hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística, condiciones que podrían empeorar debido al uso del dispositivo. «Atentaría contra mi salud», declaró el funcionario.
En la misma audiencia, programada para las 08:30, la Fiscalía de Guayas, la Agencia de Control de Hidrocarburos y la Empresa Pública Petroecuador insistirán en solicitar la prisión preventiva del alcalde. Según el fiscal Carlos Alarcón, esta solicitud ya fue planteada en la audiencia del 9 de abril, pero no prosperó.
El caso Triple A involucra a veinte personas, entre ellas cinco empresas propiedad del alcalde y sus familiares, así como contadores y propietarios de gasolineras fronterizas. La Fiscalía sostiene que la empresa Copedesa, ligada a Álvarez, distribuyó combustibles sin supervisar que estos se vendieran ilegalmente, violando los contratos firmados con Petroecuador.
Además, el alcalde ha solicitado que se incorpore al expediente un informe pericial realizado por Rubén Darío Pazmiño, experto en derecho societario. Este análisis, según Álvarez, podría exonerar a varios procesados y constituye un elemento esencial para su defensa. Sin embargo, asegura que dicho informe no ha sido debidamente compartido con las partes, lo que considera una transgresión a su derecho a la defensa.
El nombramiento del nuevo equipo jurídico se produjo tras la renuncia del abogado Diego Córdova, quien alegó incumplimiento contractual por parte de su cliente. «Renuncio y me niego de manera expresa a continuar con la defensa técnica del señor Aquiles Álvarez», escribió Córdova, destacando que su salida no dejaría al alcalde en indefensión.
Mientras tanto, en redes sociales, Álvarez ha calificado las acusaciones en su contra como una «persecución política» y ha prometido revelar detalles que respaldarían su inocencia. No obstante, la Fiscalía mantiene su postura firme y reitera que el caso cuenta con suficientes elementos probatorios para sustentar los cargos.
La audiencia de este martes será determinante para definir si el alcalde de Guayaquil debe enfrentar prisión preventiva o si logrará mantenerse en libertad bajo nuevas condiciones. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre la gestión pública y las implicaciones legales de las empresas vinculadas a funcionarios.
