La desaparición de 2,5 kilos de oro , valorados en aproximadamente 250.000 dólares , bajo custodia de la Policía Judicial en Zamora Chinchipe , ha generado indignación y desconcierto en Ecuador. El metal precioso, incautado durante un operativo contra la minería ilegal, debía ser devuelto a su propietario tras comprobarse su procedencia legal, pero al momento de la entrega simplemente ya no estaba.
El caso se remonta al 3 de mayo de 2025 , cuando un operativo interinstitucional interceptó una avioneta en la parroquia Cumbaratza , en Zamora Chinchipe , que transportaba el oro. En el operativo participaron militares, policías, fiscales y funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) . El oro fue incautado y la aeronave retenida, mientras dos personas quedaron bajo investigación por presunta implicación en actividades mineras ilegales.
Tras las diligencias judiciales, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que el propietario del oro había logrado justificar su procedencia legal mediante documentos válidos. Por lo tanto, se ordenó su devolución. Sin embargo, cuando el empresario acudió a retirar el oro de las bodegas de la Policía Judicial, se encontró con una sorpresa devastadora: el oro había desaparecido sin dejar rastro.
¿Hurto o red organizada?
El abogado del propietario, Fernando Gaón , descartó que este caso pueda tratarse de un simple hurto. “¿Cómo es posible que en las bodegas de la Policía Judicial, un lugar supuestamente seguro, alguien se atreva a sustraer el oro?”, cuestionó. Para Gaón, los hechos apuntan más hacia un posible delito de asociación ilícita , sugiriendo la existencia de complicidad interna o una red organizada detrás del desfalco.
Respuestas inconsistentes y sospechas
Según versiones preliminares proporcionadas por agentes de la Policía, se baraja la hipótesis de que personas externas habrían escalado el edificio para robar el oro. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo por expertos y ciudadanos, quienes consideran poco probable que un robo de tal magnitud pudiera ocurrir sin algún grado de complicidad interna.
Las instalaciones de la Policía Judicial están diseñadas para garantizar la seguridad de los bienes bajo custodia, especialmente en casos de alto valor como este. La falta de claridad en las versiones oficiales ha alimentado rumores sobre posibles actos de corrupción o negligencia dentro de la institución.
Investigación en curso y presión ciudadana
La Fiscalía mantiene abierta una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Mientras tanto, el propietario del oro exige transparencia y justicia, mientras la ciudadanía observa con atención y creciente preocupación.
La falta de información oficial ha generado incertidumbre y críticas hacia las autoridades. Sectores de la sociedad civil han exigido rendición de cuentas y sanciones ejemplares si se comprueba negligencia, complicidad o corrupción interna en este caso.
Este incidente pone en evidencia las fragilidades del sistema de custodia de bienes incautados y genera preguntas sobre la capacidad de las instituciones para proteger recursos estratégicos. Mientras la investigación avanza, el caso ha dejado una huella de desconfianza en la opinión pública, que demanda respuestas claras y medidas contundentes para evitar que hechos similares ocurran en el futuro.
