El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo, Ben Saul, ha presentado un amicus curiae ante la Corte Constitucional del Ecuador, expresando serias preocupaciones sobre la legalidad y los alcances de la Ley Orgánica de Inteligencia. El documento, un insumo clave para el análisis de una acción de inconstitucionalidad en curso, alerta sobre conceptos ambiguos y la falta de garantías que podrían derivar en abusos y violaciones a los derechos humanos.
Aunque el experto de la ONU reconoció los esfuerzos del Estado ecuatoriano por modernizar su marco legal en materia de inteligencia, advirtió que la norma tiene conceptos que carecen de una «definición precisa», como el de «seguridad integral». Esto, según Saul, abre la puerta a «interpretaciones arbitrarias y abusos».
El Relator de la ONU también señaló que la Ley permite operaciones encubiertas y vigilancia electrónica sin una orden judicial, una práctica que contraviene los estándares internacionales de protección a la privacidad. Además, criticó la facultad del Sistema Nacional de Inteligencia para solicitar información a entidades públicas y privadas sin una autorización independiente, poniendo en riesgo la protección de los datos personales de la ciudadanía.
Entre las observaciones adicionales se encuentran la falta de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, ya que el sistema de inteligencia depende directamente del Presidente de la República. El Relator también destacó la ausencia de garantías para los denunciantes y la clasificación excesiva de información, lo que limita la transparencia. Con su escrito, Ben Saul recordó que la privacidad es un derecho fundamental y que toda medida de vigilancia debe ser legal, necesaria y proporcional.
