El Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, organización indígena de la nacionalidad Kichwa, emitió un pronunciamiento el 17 de septiembre de 2025 rechazando la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126 del Gobierno de Daniel Noboa. La decisión, que fija el precio del diésel premium en USD 2,80 hasta el 11 de diciembre con aumentos progresivos posteriores, es calificada como un atentado contra la vida de las familias trabajadoras, agravando la crisis económica y social en Ecuador.
El documento cuestiona otras políticas del Ejecutivo, como la aprobación de leyes con carácter de «urgente económico», que —según el Consejo— facilitan allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, manipulación de la justicia y beneficios para la banca a expensas de las cooperativas. Se denuncia una reducción de USD 421 millones en el presupuesto de salud durante los 18 meses de gestión de Noboa, un incremento de la pobreza al 28% y la extrema al 12,7%, además de un duplicación de los homicidios en el país (dato de referencia: datos generales de pobreza del INEC).
El pronunciamiento también critica el Decreto 111, que declaró el «conflicto armado interno», por derivar en violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de cuatro niños en las Malvinas. Se alerta sobre intervenciones de la familia Noboa-Valvonesi en proyectos mineros y petroleros, vistas como un «despojo territorial».
Ante esto, el Pueblo Kitu Kara convocó asambleas territoriales para el sábado 20 de septiembre, con el objetivo de coordinar acciones entre comunas, comunidades y organizaciones. Planean fortalecer la comunicación con bases mediante conversatorios virtuales y programas radiales, definir posturas ante posibles movilizaciones nacionales y reforzar la disciplina interna de dirigentes. El mensaje concluye con un llamado a la resistencia: «Luchar es un acto de dignidad», enfatizando el impacto en familias que dependen del trabajo diario.
Este pronunciamiento refleja la creciente oposición indígena a las políticas económicas del Gobierno, en un contexto de tensiones sociales y demandas por derechos territoriales y laborales.
