Un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra un militar en servicio activo capturado el pasado lunes 29 de septiembre mientras intentaba ingresar una carga considerable de drogas y artículos prohibidos a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. La Fiscalía ha iniciado un proceso por presunto tráfico de drogas e ingreso de objetos ilícitos a un centro de privación de libertad.
El uniformado, identificado como Aarón David R. C., fue sorprendido en un operativo cuando intentaba introducir tres mochilas de uso oficial al centro carcelario de manera apresurada. Al ser descubierto, el militar intentó huir y arrojó los bultos, pero fue retenido de inmediato por otros miembros de las Fuerzas Armadas y posteriormente entregado a la Policía Nacional.
Evidencias y Sustancias Ocultas
Según el parte de aprehensión, la carga incautada era altamente estratégica para la actividad ilícita dentro del centro penitenciario. Entre las evidencias destacan:
- Aproximadamente 1.2 kilos de cocaína, cuidadosamente ocultos dentro de cuatro latas de sardinas (alimentos enlatados).
- 10 teléfonos celulares y cinco cargadores.
- 30 audífonos y 21 cajetillas de cigarrillos.
- Diversos alimentos procesados.
Tras la detención, el militar fue trasladado a la Unidad Judicial Cuartel Modelo, y todo el material incautado fue puesto bajo custodia de la Policía Antinarcóticos.
Proceso Judicial y Penas Acumuladas
En la audiencia de flagrancia celebrada este miércoles 1 de octubre, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para el uniformado, disponiendo un plazo de 30 días para el cierre de la instrucción fiscal.
La Fiscalía imputa al militar por dos delitos en concurso real de infracciones:
- Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización (Art. 220 del COIP), sancionado con hasta 26 años de cárcel.
- Ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario (Art. 275 del COIP), con una pena máxima de 6 años de prisión.
La acumulación de penas por ambos delitos podría resultar en una condena total de hasta 32 años de privación de libertad, lo que subraya la gravedad de la infiltración criminal en la seguridad penitenciaria del país.
