El Consejo de Administración Legislativo (CAL) zanjó este 1 de octubre de 2025 la pugna entre comisiones de la Asamblea Nacional por fiscalizar los actos de violencia durante el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Con mayoría oficialista, el CAL asignó la responsabilidad a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, dominada por Acción Democrática Nacional (ADN), invalidando el proceso iniciado por la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta.
La decisión se basa en que Seguridad fue la primera en anunciar una investigación el 29 de septiembre, impulsada por la legisladora independiente Jahaira Urresta, sobre los enfrentamientos en el paro contra la eliminación del subsidio al diésel. Garantías Constitucionales, liderada por Revolución Ciudadana (RC), inició su propio proceso el 30 de septiembre, recibiendo testimonios de dirigentes indígenas y familiares de detenidos en Otavalo y Cotacachi. Seguridad calificó esa convocatoria como «nula e ilegal» por duplicidad de temas y hechos.
El CAL, integrado íntegramente por ADN y aliados, ordenó a Garantías abstenerse de continuar, priorizando el debido proceso y evitando solapamientos. La comisión oficialista tiene previsto reunirse el jueves 2 de octubre para recibir al excandidato presidencial Pedro Granja y al exjuez de la Corte Constitucional Ramiro Ávila, enfocados en las protestas contra el Decreto 126, que elevó el diésel a USD 2.80. Esta fiscalización podría incluir análisis de represión policial, con 90 detenidos reportados hasta el 29 de septiembre (dato de referencia: Ministerio del Interior).
La resolución intensifica la polarización legislativa entre ADN y RC, la segunda fuerza con el 30% de escaños (dato de referencia: Asamblea Nacional), en un contexto de tensiones sociales por el paro que ha dejado un muerto, heridos y traslados controvertidos de indígenas. La oposición acusa al CAL de parcialidad, mientras el oficialismo defiende la eficiencia en la agenda de seguridad.
