El Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de privación de libertad contra Paulina Elizabeth M. E., hallada culpable del delito de tráfico de influencias. La procesada operaba bajo un esquema de engaño, ofreciendo cargos en instituciones municipales a cambio de fuertes sumas de dinero.
El «modus operandi» del engaño La investigación liderada por la Fiscalía Provincial de Cotopaxi determinó que la mujer aseguraba tener la capacidad de «canalizar» vacantes laborales en los municipios de Latacunga, Saquisilí y Pujilí. Para dar credibilidad a su oferta, afirmaba actuar bajo la supuesta venia de una autoridad del cantón Latacunga.
Bajo esta premisa, convenció a cinco personas para que entregaran montos que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 dólares. En total, la mujer recaudó ilícitamente cerca de 12.000 dólares. Sin embargo, las promesas de empleo nunca se cumplieron y el dinero jamás fue devuelto a los afectados.
Pruebas contundentes y base legal Durante el juicio, la Fiscalía presentó elementos de convicción irrefutables, entre ellos:
- Testimonios de las víctimas.
- Tablas de amortización de préstamos bancarios que los perjudicados solicitaron para pagar el soborno.
- Análisis telefónicos que evidenciaron las negociaciones ilícitas.
La sentencia se fundamentó en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la oferta de realizar tráfico de influencias.
Sin reparación integral por «actos de corrupción» En un giro jurídico relevante, los jueces decidieron no ordenar el pago de una reparación integral (devolución del dinero) a favor de las víctimas. El Tribunal argumentó que los denunciantes también participaron en un acto de corrupción al intentar acceder a la función pública mediante pagos irregulares, por lo que el Estado no puede amparar la recuperación de capitales invertidos en actividades ilícitas.
