En medio de la campaña para la segunda vuelta electoral de 2025, el excandidato presidencial y vicepresidencial del correísmo, Andrés Arauz, enfrenta una denuncia por presunta violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La audiencia está programada para el 29 de abril de 2025, mientras las tensiones políticas se intensifican en el país.
El secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, se encuentra en el centro de una controversia legal tras ser acusado de presunta violencia política de género por Laura Vanessa Arias Flores, exintegrante de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Según el sistema de consulta de causas del TCE, la denuncia fue presentada en febrero de 2025 y ha avanzado a través de varios jueces electorales.
Inicialmente, el conocimiento de la causa recayó en el juez Ángel Torres, quien se excusó de tramitarla. Posteriormente, el magistrado Joaquín Viteri aceptó la excusa, y la causa fue sorteada al juez Fernando Muñoz, quien este 1 de abril de 2025 admitió formalmente la denuncia a trámite.
Detalles de la denuncia:
La acusación contra Arauz se basa en el artículo del Código de la Democracia que tipifica la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Según el auto de admisión emitido por el juez Muñoz, la audiencia única de pruebas y alegatos está programada para las 10:30 del 29 de abril de 2025. En esta instancia, tanto la denunciante como el acusado tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos y evidencias.
Laura Vanessa Arias Flores, quien formó parte de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional, argumenta que Arauz incurrió en actos que podrían configurar violencia política de género. Sin embargo, los detalles específicos de la denuncia no han sido revelados públicamente.
Posibles sanciones:
De acuerdo con el Código de la Democracia, las infracciones consideradas como violencia política de género pueden ser sancionadas con multas económicas que oscilan entre 21 y 70 salarios básicos unificados (USD 9.870 a USD 32.900), así como la destitución o suspensión de derechos de participación política por un período de dos a cuatro años. Estas medidas podrían tener un impacto significativo en la carrera política de Arauz, especialmente en un momento clave como la segunda vuelta electoral.
Reacciones y contexto político:
Este caso ocurre en un contexto de alta polarización en Ecuador, donde la lucha entre el oficialismo y el correísmo ha dominado el escenario político. Arauz, figura central del movimiento liderado por Rafael Correa, es visto como uno de los principales estrategas detrás de la candidatura de Luisa González en la segunda vuelta frente a Daniel Noboa.
El papel del TCE en la regulación de la violencia política de género ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en un entorno donde las mujeres buscan mayor representación y protección en espacios políticos. El tribunal tiene la responsabilidad de garantizar que las normativas electorales sean aplicadas de manera imparcial y transparente.
La audiencia del 29 de abril será crucial para determinar si existen elementos suficientes para sostener la denuncia contra Andrés Arauz. Mientras tanto, el caso ha generado debates sobre la equidad de género en la política ecuatoriana y el cumplimiento de las normativas electorales en un año marcado por tensiones y disputas legales.
