Las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través de la Brigada de Caballería Blindada N.° 11 Galápagos, ejecutaron una intervención estratégica en el Centro de Privación de Libertad de Riobamba. Esta incursión militar, de carácter permanente, permitió la incautación de una cantidad significativa de sustancias sujetas a fiscalización, armamento blanco y equipos de comunicación que se encontraban en posesión de las personas privadas de libertad (PPL). La acción se enmarca en la política de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria impulsada a nivel nacional.
El registro exhaustivo de las celdas se llevó a cabo bajo los protocolos legales vigentes, permitiendo a los uniformados neutralizar el ingreso de objetos prohibidos que son frecuentemente utilizados por organizaciones delictivas para coordinar actividades ilícitas desde el interior del recinto. Según el reporte oficial, el material decomisado incluye 58 fundas plásticas y 20 sobres que contenían pasta base de cocaína, además de una funda con marihuana.
En cuanto a tecnología y logística, se hallaron 14 teléfonos celulares y 13 chips de telefonía móvil, dispositivos que representan un riesgo para la seguridad externa e interna. Asimismo, se retiraron de las celdas 30 armas blancas, 19 pipas artesanales, 12 encendedores, un reloj y cigarrillos, elementos que contravienen los reglamentos del sistema penitenciario.
La Brigada de Caballería Blindada N.° 11 Galápagos enfatizó que la finalidad primordial de esta operación es disminuir el contrabando y erradicar las herramientas que facilitan la ejecución de delitos. Esta intervención no es aislada; forma parte de una planificación de operaciones militares constantes que buscan garantizar el orden en los centros carcelarios del país.
Estas acciones se desarrollan en un momento crítico para el sistema carcelario ecuatoriano, bajo el amparo del estado de excepción declarado por el Gobierno de Daniel Noboa. La administración actual ha establecido nuevas normativas mediante Decretos Ejecutivos para optimizar el control y la seguridad en las prisiones. Entre las medidas recientes destacan la prohibición del uso de dinero en efectivo en los penales para desarticular economías criminales y la construcción de infraestructura de máxima seguridad, como la «Cárcel del Encuentro» en Santa Elena, además de la planificación de una nueva megacárcel.
