El conflicto político y ético que involucra a los asambleístas Paola Cabezas, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), y Niels Olsen, ha escalado a un nivel sin precedentes dentro de la Función Legislativa. Tras un polémico intercambio público, Cabezas ha manifestado de manera categórica que no aceptará las disculpas ofrecidas por Olsen, optando por una ruta legal estricta que busca la imposición de sanciones severas en dos instancias distintas.
El origen de este enfrentamiento se remonta al pasado 15 de mayo, cuando el legislador Niels Olsen, durante el desarrollo de una entrevista periodística, comparó a su colega Paola Cabezas con un reptil, señalando textualmente: «Es como una serpiente: podrá cambiar de piel, pero sigue siendo una serpiente, y yo en las serpientes no confío”. Estas expresiones, que han sido calificadas como misóginas y ofensivas, generaron un rechazo inmediato no solo entre las filas del correísmo, sino también en diversos sectores de la sociedad civil y de otras corrientes políticas, quienes consideran que el legislador transgredió los límites del debate democrático.
Ante la creciente presión pública y el repudio generalizado, el asambleísta Olsen intentó rectificar el viernes siguiente, alegando que: “En el calor de la entrevista no medí mis palabras respecto a una asambleísta, que es Paola Cabezas, por lo que quería pedir disculpas”. No obstante, estas palabras no han sido suficientes para detener la arremetida legal de la bancada correísta.
La estrategia de sanciones: CAL y TCE
La bancada de la Revolución Ciudadana ha delineado una estrategia de doble frente. El primer paso se ejecutará esta misma semana ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), órgano dominado actualmente por el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus fuerzas aliadas. La jefa de la bancada, Patricia Núñez, adelantó que la queja se presentará formalmente por la comisión de una falta administrativa grave, tipificada por “agredir o insultar a otro u otra asambleísta, funcionarias o funcionarios, servidoras o servidores públicos dentro o fuera del recinto parlamentario”. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este tipo de infracción podría acarrear una sanción de suspensión sin remuneración que oscila entre los nueve y los 30 días.
El bloque correísta ha enfatizado la necesidad de que el CAL actúe con imparcialidad, exigiendo que “se mida con la misma vara” con la que, según señalan, se ha sancionado anteriormente a asambleístas de sus filas.
En una segunda instancia, la asambleísta Paola Cabezas anunció que se está preparando una denuncia por supuesta violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Según lo expresado por Cabezas, existen antecedentes jurídicos claros, como la sentencia emitida a favor de la asambleísta Paola Jaramillo (ADN), que sirven como jurisprudencia clave para fundamentar esta denuncia.
La asambleísta Cabezas aclaró en diálogo con el portal PRIMICIAS que su posición no responde a un conflicto de índole personal con Olsen, con quien mantenía una relación de respeto previo, sino a la necesidad de poner un alto a este tipo de lenguaje. «Hay que poner un alto», sentenció, subrayando que este tipo de violencia no debe ser normalizada en el ejercicio de la política ecuatoriana.
