El panorama político ecuatoriano enfrenta un nuevo episodio de tensión legal. Este miércoles 20 de mayo de 2026, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la continuación del proceso de cancelación del partido Unidad Popular (UP), confirmando que la organización política permanece en la mira para su eliminación del Registro de Organizaciones Políticas.
El organismo electoral negó formalmente un pedido presentado por el presidente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, quien solicitaba la corrección de la resolución mediante la cual el CNE dispuso el inicio del proceso de cancelación. La decisión fue respaldada con los votos de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto a los consejeros Mónica Noriega y José Merino, quienes aprobaron el informe que sugiere rechazar las pretensiones de la organización política. En contrapartida, la vocal María Cristina Kronfle se opuso a esta resolución, argumentando que el CNE habría actuado «a destiempo».
El argumento central: ¿plazos vencidos? La postura de Unidad Popular se basa en una tesis técnica sobre los tiempos legales. Según el partido, el límite máximo para emitir resoluciones de cancelación venció el 3 de abril, exactamente 120 días antes de la convocatoria a elecciones. Bajo esta premisa, la organización sostiene que el CNE habría actuado 23 días después de que el plazo legal feneciera, lo cual, a su juicio, anularía la validez del proceso.
El destino final: El TCE Aunque este revés en el CNE complica la situación jurídica de Unidad Popular, la contienda legal no termina aquí. La organización tiene la posibilidad de elevar sus reclamos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Será esta instancia la encargada de dar la palabra final sobre la vida jurídica del partido, una decisión que resulta crucial ante la proximidad de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, donde los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir nuevos alcaldes y prefectos. La supervivencia de Unidad Popular en este proceso democrático depende ahora enteramente de lo que resuelva el tribunal electoral en última instancia.
