Una jueza de la República ordenó de forma perentoria este jueves 4 de junio de 2026 la medida de prisión preventiva en contra del actual alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y de otros siete ciudadanos procesados formalmente dentro del denominado caso Blindaje. Esta investigación penal de gran envergadura está liderada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos de fondos de origen ilícito. El dictamen judicial altera de manera profunda el tablero político nacional y de la provincia verde, generando una enorme expectativa ciudadana en una jornada de alta tensión informativa, que se suscita en momentos donde la opinión pública también analiza de forma paralela el listado de los otros siete detenidos en el caso que involucra de forma directa al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís.
Durante el desarrollo formal de la audiencia de formulación de cargos celebrada en la sede judicial, la jueza de la causa, Silvana Velasco, consideró técnicamente que dentro del expediente procesal existen altos y evidentes riesgos de fuga, así como un peligro latente de incumplimiento de comparecencia obligatoria al proceso por parte de los imputados. Por tales motivos jurídicos, la magistrada descartó rotundamente la aplicación de cualquier tipo de medidas alternativas a la privación de libertad. En su argumentación verbal, la jueza Velasco sostuvo con firmeza que ni el arraigo personal demostrado por las defensas técnicas ni el propio cargo público de relevancia que ostentan los implicados son garantías suficientes para asegurar de forma efectiva su permanencia y su sumisión voluntaria a las siguientes etapas del proceso judicial.
Como parte complementaria de su resolución legal, la juzgadora dispuso de manera inmediata la retención total de todas las cuentas bancarias registradas en el sistema financiero nacional a nombre de los implicados, junto con la prohibición absoluta de enajenar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles de propiedad de los procesados. Con la finalización de esta diligencia, las autoridades judiciales determinaron formalmente que la etapa de instrucción fiscal tendrá una duración exacta de 90 días cronológicos, tiempo durante el cual las partes continuarán actuando pruebas.
El impacto institucional de este dictamen provocó que se gestione una licencia para el Alcalde de Esmeraldas. Pocas horas antes de que se conociera públicamente la resolución definitiva de la jueza Velasco, el pleno del Concejo Municipal de Esmeraldas sesionó y aprobó por unanimidad conceder una licencia temporal con cargo a vacaciones anuales a favor de Vicko Villacís, aplicable mientras se resuelve de forma definitiva su situación jurídica ante las cortes del país. Los miembros del cuerpo edilicio explicaron que la polémica medida administrativa busca asegurar estrictamente la continuidad operativa, legal y técnica del municipio esmeraldeño durante la ausencia forzada de su personero principal.
En virtud de esta disposición municipal, la vicealcaldesa encargada de la localidad, Laura Yagual, asumirá de manera temporal y automática las funciones de dirección y el despacho de la Alcaldía de Esmeraldas, mientras el desarrollo del proceso judicial contra Villacís mantiene en vilo y bajo total expectativa a todos los sectores sociales de la provincia de Esmeraldas.
La captura del alcalde y sus presuntos colaboradores formó parte de un mega operativo policial y fiscal ejecutado de manera simultánea la madrugada del pasado miércoles en cuatro provincias estratégicas del país. En total, la incursión dejó como saldo la detención de ocho personas identificadas por las autoridades, registrándose entre los detenidos no solo al burgomaestre, sino también a un juez en funciones de la provincia de Sucumbíos y a otros servidores públicos directamente vinculados al sistema judicial ecuatoriano. Tras su aprehensión en territorio costero, se difundieron las imágenes donde el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, llega a Quito tras ser detenido la madrugada del 3 de junio de 2026, bajo el resguardo de agentes especiales del Ministerio del Interior.
La trama económica del caso apunta directamente a una empresa del alcalde que se encuentra bajo investigación rigurosa. Según los datos oficiales proporcionados por el ministro del Interior, John Reimberg, las investigaciones de inteligencia financiera se iniciaron formalmente hace aproximadamente un año, tras encenderse una alerta técnica de operaciones inusuales e injustificadas emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De acuerdo con los detallados análisis de inteligencia financiera que constan en el expediente fiscal, la presunta estructura criminal delictiva habría operado bajo una aparente y sofisticada fachada de legalidad comercial. Mediante este esquema corporativo, los implicados habrían logrado movilizar una cantidad económica estimada entre los USD 15 millones y los USD 17 millones de origen presuntamente ilícito. El ministro de Estado señaló ante la prensa nacional que el dinero en efectivo habría sido sistemáticamente ocultado y difuminado mediante el uso de diversas empresas relacionadas, transferencias bancarias fraccionadas hacia terceras personas y la ejecución de operaciones financieras complejas diseñadas con el fin específico de dificultar su rastreo por parte de los organismos de control del Estado.
Dentro del cuerpo de la investigación penal impulsada por los agentes fiscales figura de forma central la empresa denominada Reypezpacific S.A., compañía mercantil de la que el propio alcalde Vicko Villacís consta registrado en los entes societarios como el principal accionista mayoritario. Según los informes técnicos revelados por las autoridades del Gobierno, dicha compañía comercial mantendría vínculos y nexos directos con personas naturales y jurídicas que actualmente son investigadas por la justicia ecuatoriana por el delito conexo de lavado de activos.
Los 90 días de instrucción fiscal que acaban de iniciar determinarán el futuro legal de Vicko Villacís y de la red que supuestamente operaba en el sistema judicial, en un caso que pone a prueba la fiscalización de los fondos públicos y las estructuras empresariales en los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador.
