El Gobierno Nacional ha tomado una de las decisiones más drásticas e históricas en materia de seguridad y soberanía nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, justificó de manera pública y oficial el nuevo decreto ejecutivo emitido este jueves 18 de junio de 2026, mediante el cual el Estado ecuatoriano reconoce formalmente la existencia de un renovado conflicto armado interno en el país. Esta medida jurídica no solo redefine las operaciones de las fuerzas del orden locales, sino que introduce un cambio sin precedentes en la legislación internacional aplicada en el territorio: otorga inmunidad legal y operativa al personal extranjero proveniente de países cooperantes que participen activamente en el marco de las acciones de seguridad interna.
«Militares de países aliados podrán desplegarse por las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», aseguró de forma enfática el primer mandatario a través de un video difundido en sus canales y redes sociales oficiales pocos minutos después de la suscripción del documento. En efecto, el texto del decreto presidencial señala de manera explícita que el Estado de Ecuador podrá requerir y emplear los mecanismos de cooperación internacional que considere necesarios. Esto con la finalidad de fortalecer sustancialmente las acciones tácticas de neutralización y desarticulación de las amenazas armadas que generan las bandas delictivas ligadas al narcotráfico transnacional.
Actualmente, el territorio ecuatoriano ya recibe distintos niveles de apoyo internacional, destacando la cooperación proveniente de los Estados Unidos y la Unión Europea para abordar la crisis de seguridad. El soporte del Gobierno estadounidense se ha centrado especialmente en proporcionar asistencia técnica y de inteligencia militar avanzada. Según la información proporcionada por el régimen actual, la decisión adoptada en este nuevo decreto es el producto final de un exhaustivo análisis estratégico y un trabajo de planificación enfocado en el combate al crimen organizado que se ha venido desarrollando durante varios meses. Asimismo, el presidente Daniel Noboa reconoció abiertamente que su más reciente visita oficial al Pentágono, en los Estados Unidos, fue el detonante clave que impulsó a su administración a tomar esta decisión definitiva para el futuro del país.
El viaje del mandatario ecuatoriano a territorio norteamericano incluyó un encuentro de alto nivel desarrollado el pasado 15 de junio con el secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth. Tras la cita de seguridad, el alto funcionario estadounidense calificó a Ecuador como «un socio ejemplar en la lucha contra estas redes que amenazan su patria, que amenazan la nuestra y la seguridad de nuestro hemisferio». Basado en este respaldo, Noboa lanzó una dura advertencia a los grupos criminales: «Desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo».
El Decreto Ejecutivo detalla de forma minuciosa los alcances de la protección jurídica para quienes se sumen a la primera línea de combate. El documento estipula que el presidente Daniel Noboa «concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor de personal militar, policial y civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno» en el Ecuador. Paralelamente, el decreto presidencial emite un exhorto directo a la Asamblea Nacional y a los asambleístas de las distintas bancadas políticas para que apliquen de forma inmediata el numeral 13 del artículo 120 de la Constitución de la República, con el objetivo de otorgar amnistías generalizadas a favor de los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y «los civiles que hubieran actuado en defensa del Estado».
Por otra parte, la disposición legal establece un punto de alta relevancia internacional al disponer, de manera literal, que «el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos» por la República del Ecuador. Esta serie de medidas extremas y de carácter urgente se implementan en un contexto social crítico; cabe recordar que el año pasado el país registró un récord histórico y sangriento de 9.281 asesinatos, cifra que equivale a una tasa que supera los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, posicionando a Ecuador con uno de los índices de violencia y criminalidad más altos de toda Latinoamérica.
