El panorama político, militar y constitucional de la República del Ecuador ha sido reconfigurado de manera drástica y profunda. Este jueves 18 de junio de 2026, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró formalmente la existencia de un nuevo conflicto armado interno en todo el territorio nacional mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo 424. Esta determinación de última hora deja completamente sin efecto legal el histórico Decreto Ejecutivo 111, emitido originalmente en enero del año 2024, instrumento que reconoció por primera vez la vigencia de una guerra interna en el país. Si bien ambas herramientas normativas comparten el reconocimiento explícito del estado de beligerancia y la crisis de seguridad, el nuevo Decreto 424 introduce modificaciones de fondo sustanciales y estructurales que alteran de forma radical el marco regulatorio vigente para el accionar de las fuerzas del orden y la participación de la sociedad civil organizada.
Las diferencias técnicas e institucionales entre los dos decretos presidenciales evidencian un cambio de estrategia radical por parte del Ejecutivo de Daniel Noboa. En su momento, el derogado Decreto 111 reconoció taxativamente la existencia del conflicto y procedió a calificar expresamente como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes a una lista detallada de 22 estructuras delictivas transnacionales. En dicha enumeración oficial constaban por su nombre agrupaciones criminales como Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Bajo esa norma del 2024, se dispuso la movilización e intervención directa de las Fuerzas Armadas en estrecha coordinación con la Policía Nacional en todo el espacio soberano ecuatoriano, ordenando la ejecución de operaciones militares tácticas para neutralizar de forma exclusiva a dichas bandas catalogadas.
Por el contrario, el nuevo Decreto Ejecutivo 424 mantiene en firme el reconocimiento jurídico del conflicto armado interno, pero elimina por completo cualquier tipo de enumeración, mención o listado de grupos delictivos específicos. En su lugar, el texto de la nueva normativa señala que el conflicto armado se configura de forma orgánica por una serie de circunstancias complejas que amenazan de manera directa la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección absoluta de toda la población civil. Asimismo, la presente disposición establece que todas las acciones armadas y logísticas desplegadas por el aparato estatal tendrán como finalidad última neutralizar de forma general a todas las estructuras que constituyan una amenaza real para el cumplimiento de los referidos objetivos de paz, sin importar su denominación o autodefinición criminal.
Otro de los cambios más notables e importantes entre ambas normativas se concentra en el ámbito de la cooperación internacional. El antiguo Decreto 111 se limitaba a incluir referencias conceptuales a diversos instrumentos y tratados internacionales dentro del apartado de sus considerandos, pero no disponía de forma operativa la participación activa de Estados cooperantes en el desarrollo de las acciones militares o policiales ligadas al conflicto armado interno. Modificando este esquema, el actual Decreto 424 establece de forma imperativa que el Estado de Ecuador recibirá de manera formal cooperación internacional extranjera para fortalecer sustancialmente las acciones destinadas a neutralizar las amenazas vinculadas a la guerra interna. Aunado a esto, la norma dispone explícitamente que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los delegados de los Estados cooperantes ejecuten y coordinen acciones operacionales conjuntas en todos los niveles para asegurar los fines del decreto. Dentro de los considerandos de la ley, se invoca y menciona de forma directa el convenio bilateral entre Ecuador y los Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas, suscrito originalmente en el año 2023 y ratificado de forma definitiva en el transcurso del año 2024.
En el ámbito penal y carcelario, las modificaciones son aún más profundas. A diferencia del Decreto 111 de enero de 2024, el cual no contemplaba bajo ningún concepto disposiciones o beneficios relacionados con indultos o perdones judiciales, el nuevo Decreto 424 estipula que el Presidente de la República considerará de forma directa la concesión de indultos, rebajas o conmutación de penas de prisión a favor de todo el personal militar, policial y de los ciudadanos civiles que participen activamente en las acciones operativas destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en legítima defensa del Estado. De forma complementaria, el decreto presidencial formula una exhortación formal y urgente a la Asamblea Nacional para que el Poder Legislativo proceda a conceder amnistías generalizadas a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los civiles que hubieren actuado bajo las premisas de defensa del territorio estatal.
Finalmente, el Decreto Ejecutivo 424 incorpora una disposición de alto impacto internacional que no constaba en ningún registro de la normativa del año 2024, referida estrictamente al estatus jurídico del personal extranjero perteneciente a los Estados cooperantes que arribe al país. La norma del presidente Daniel Noboa establece formalmente que todo el personal extranjero de las fuerzas cooperantes que participe de manera directa en las misiones y acciones ejecutadas dentro del marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad legal y jurisdiccional, un beneficio que se aplicará en estricta conformidad con los instrumentos, convenios bilaterales y acuerdos internacionales aplicables que se encuentren debidamente suscritos y vigentes por el Ecuador.
Este conjunto de medidas extraordinarias se adopta en un escenario donde la actuación sostenida de las bandas organizadas constituye, según los considerandos presidenciales, una amenaza integral para la paz social, obligando al Estado a adoptar medidas de neutralización urgentes. La declaratoria coincide con un panorama de alta tensión delincuencial, recordando que el país cerró el periodo de 2025 con una cifra récord de más de 9.200 asesinatos, lo que situó la tasa de violencia en más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los registros más alarmantes de Latinoamérica, lo que mantiene de forma constante a militares revisando minuciosamente carros y a transeúntes en operativos callejeros en las principales urbes como Quito y Guayaquil.
Tras la vigencia inmediata del Decreto 424, las instituciones de la función ejecutiva, judicial y legislativa deberán adecuar sus actuaciones a este nuevo marco normativo, quedando en manos de la Asamblea Nacional la decisión política de acoger o rechazar el pedido del presidente Noboa para viabilizar las amnistías a favor de uniformados y civiles involucrados en los combates del conflicto interno.
