Un marino activo de la Armada de Ecuador fue capturado durante el operativo Tormenta 25 en Durán, provincia del Guayas, tras ser vinculado a una serie de delitos graves, incluyendo sicariato y posesión de armas de guerra. El caso ha generado un escándalo nacional debido a su reincorporación previa a las filas militares pese a haber estado acusado de asesinato en 2022.
El operativo Tormenta 25 , llevado a cabo el pasado 25 de marzo, desarticuló una estructura criminal en una urbanización privada de Durán, donde se encontró al cabo primero Pedro Javier Ch., junto a tres fusiles de guerra, indumentaria militar y una camioneta robada a TC Televisión, utilizada presuntamente en un sicariato que dejó cuatro muertos a mediados de marzo.
Según información oficial, Pedro Javier Ch. fue detenido junto a su esposa, quien trabajaba en la agencia de tránsito del cantón, y otras dos personas. Este no es el primer enfrentamiento del marino con la justicia. En mayo de 2022, fue capturado por su supuesta participación en un atentado contra un funcionario municipal de Durán. Aunque fue acusado de asesinato, logró obtener un dictamen de sobreseimiento y regresó a la Armada en noviembre de ese año.
La Armada de Ecuador emitió un comunicado reconociendo la reincorporación del marino tras el fallo judicial favorable, pero aseguró que quienes realicen actividades contrarias a los valores institucionales «deberán someterse a procesos administrativos disciplinarios». La institución también reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en la investigación del caso.
Nuevas acusaciones:
El teniente coronel Roberto Santamaría, comandante policial de Durán, reveló que Pedro Javier Ch. habría estado involucrado en la planificación de nuevos atentados contra servidores policiales. Según Santamaría, existen evidencias de reuniones entre el marino y una facción de los Chone Killers , grupo criminal conocido por su violencia en la región.
Además, el militar es acusado de haber participado en un sicariato ocurrido en Durán a mediados de marzo, utilizando la camioneta robada al canal de televisión. Este crimen dejó cuatro víctimas mortales y ha sido vinculado directamente al operativo Tormenta 25 .
Este caso ha expuesto graves fallas en los mecanismos de control dentro de las Fuerzas Armadas, permitiendo que un miembro acusado de delitos graves regrese a servicio activo. La Armada ahora enfrenta la presión pública para actuar con transparencia y garantizar que quienes violan la ley sean responsabilizados adecuadamente. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar el alcance de la participación del marino en actividades criminales y su vínculo con bandas organizadas.
