Ecuador lanza una ofensiva sin precedentes para desmantelar redes de corrupción judicial que han permitido la liberación de peligrosos criminales mediante medidas sustitutivas. La medida, anunciada este viernes 13 de junio de 2025, incluirá análisis patrimoniales a jueces y fiscales sospechosos de beneficiar a delincuentes vinculados con graves delitos como narcotráfico, extorsión y secuestro.
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador emitió un comunicado oficial en el que anuncia la ejecución de esta estrategia conjunta entre el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El objetivo es investigar el origen de los fondos y activos de jueces, fiscales y su entorno cercano, para determinar si han sido sobornados o han incurrido en actos de corrupción al otorgar libertades condicionales a personas acusadas de delitos graves.
El comunicado describe cómo la Policía Nacional ha enfrentado una situación alarmante: “Hemos tenido que capturar hasta 10 veces a un mismo criminal”, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema judicial. Este fenómeno ha generado indignación pública en un país que atraviesa una de las peores crisis de seguridad en su historia. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de 2025 se han registrado más de 3.400 homicidios intencionales , en un contexto marcado por enfrentamientos entre bandas delictivas, corrupción carcelaria y decisiones judiciales cuestionables.
Uno de los casos emblemáticos es el de Alfonso Francisco Franco Zúñiga, alias ‘Ñoco’, señalado como cabecilla de una organización criminal responsable de hechos violentos en el distrito Pascuales. A pesar de tener antecedentes por receptación y secuestro extorsivo, ‘Ñoco’ continúa en libertad gracias a medidas sustitutivas otorgadas por autoridades judiciales.
Otro caso que ha conmocionado al país fue el del juez Juan Pablo Pulgarín Barreto, quien concedió medidas cautelares a favor de dos individuos acusados del secuestro de una comerciante china en Guayaquil. La víctima fue hallada sin vida días después de su desaparición. Pulgarín fue suspendido tras identificarse una falta gravísima en su actuación.
La nueva estrategia busca atacar el problema desde sus raíces financieras. Mientras la Policía mantiene operativos en las calles, la UAFE aportará inteligencia económica para detectar movimientos irregulares en las cuentas de funcionarios judiciales. “Esto se acabó”, sentencia el comunicado oficial, dejando claro que habrá tolerancia cero frente a prácticas corruptas dentro del sistema judicial.
Con esta iniciativa, el Gobierno ecuatoriano busca restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que los responsables de crímenes graves no vuelvan a las calles debido a decisiones judiciales indebidas. Sin embargo, expertos advierten que el éxito dependerá de la transparencia y rigurosidad con la que se implemente esta investigación.
