Hasta finales de julio o inicios de agosto , el sistema judicial ecuatoriano podría entrar en estado de emergencia , según anunció el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) , Mario Godoy , durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional este 7 de julio de 2025 . La medida responde al «estado crítico» que atraviesa el sistema judicial, un diagnóstico respaldado por informes técnicos, jurídicos y financieros que están siendo recopilados para justificar la declaratoria.
El estado crítico del sistema judicial: Godoy explicó que desde la presidencia del CJ, junto con áreas técnicas, se ha levantado información preliminar sobre las deficiencias del sistema judicial. Esta evaluación incluye ajustes en los ámbitos técnico, jurídico y financiero, necesarios para fundamentar la declaración de emergencia. Según la Ley de Integridad Pública , vigente desde el 26 de junio de 2025 , es el presidente de la Judicatura quien tiene la competencia de declarar la emergencia, previa aprobación del resto de integrantes del organismo.
Aunque no especificó una fecha exacta, Godoy aseguró que espera que en aproximadamente dos semanas el Pleno del Consejo de la Judicatura analice los informes situacionales, un paso previo indispensable para tomar una decisión formal sobre la declaratoria.
Diálogo interinstitucional y expectativas: El presidente del CJ destacó que existe un diálogo constante y «fluido» con otras instancias del sistema de justicia, como la Corte Nacional de Justicia (CNJ) , lo que facilita el intercambio de datos relevantes. Además, en los próximos días solicitará formalmente al fiscal general, Wilson Toainga , sus aportes por escrito y buscará una reunión con el defensor público, Ricardo Morales , para completar la información requerida.
Godoy también recordó que esta figura de emergencia no es nueva y que, en los últimos años, se han emitido casi una decena de declaratorias similares. Sin embargo, subrayó que la aplicación de esta medida será posible gracias a la entrada en vigencia de la nueva normativa contenida en la Ley de Integridad Pública.
Evaluación del sistema judicial: La declaratoria de emergencia vendrá acompañada de un proceso de evaluación integral para todos los funcionarios que forman parte del sistema de justicia. Según Godoy, los parámetros y el borrador de la normativa de evaluación ya están definidos de manera técnica. Por ejemplo, los jueces especializados en materia penal serán evaluados de forma distinta a aquellos que tratan casos civiles o de la niñez, garantizando así un enfoque específico para cada área.
El titular del CJ hizo un llamado a la calma entre los funcionarios judiciales, asegurando que este proceso no busca generar persecuciones ni «cacería de brujas». Sin embargo, advirtió que quienes deben preocuparse son aquellos que ostentan bienes desproporcionados a su capacidad económica, como múltiples vehículos de alta gama o propiedades en lugares exclusivos.
Antecedentes y contexto: Este anuncio ocurre en un contexto de tensiones y cuestionamientos al sistema judicial ecuatoriano, que enfrenta retos estructurales relacionados con la lentitud procesal, la corrupción y la falta de recursos. Además, en los últimos meses se han registrado casos de irregularidades que han comprometido la credibilidad del sistema, como la suspensión del defensor público de Esmeraldas por su presunta vinculación en un caso de abuso sexual.
La implementación de medidas excepcionales, como la habilitación parcial del mes de agosto para actividades judiciales, ha sido otra estrategia adoptada recientemente para dar continuidad a la administración de justicia en medio de la crisis.
La posible declaratoria de emergencia en el sistema judicial busca abordar los problemas críticos que afectan su funcionamiento y garantizar una mayor eficiencia en la administración de justicia. Aunque el proceso aún está en fase de preparación, la medida refleja la urgencia de implementar reformas estructurales y fortalecer la transparencia en el sistema. Para Mario Godoy, esta iniciativa no solo es necesaria, sino también una oportunidad para mejorar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
