La madrugada de este lunes 5 de mayo de 2025, las fuerzas del orden ejecutaron un golpe contundente contra la corrupción enquistada en el sistema judicial ecuatoriano. Bajo el nombre de Operativo Citaciones, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron una serie de intervenciones en diversos sectores de Quito, resultando en la detención de siete personas presuntamente implicadas en el delito de concusión.
El origen de la «mafia de las notificaciones»
La investigación que desembocó en este operativo no fue fortuita. Se originó en 2024, tras una serie de denuncias ciudadanas valientes recibidas a través de la línea 1800-Delito. A partir de estos testimonios, la Unidad Nacional de Delitos Contra la Eficiencia en la Administración Pública, en coordinación con la Fiscalía, comenzó a rastrear irregularidades sistemáticas en el área de citaciones de los Complejos Judiciales Norte y Mejía, en la capital.
Según las indagaciones oficiales, el esquema de corrupción era tan simple como lucrativo: funcionarios encargados de las notificaciones legales cobraban sumas de dinero a los interesados para agilizar los trámites. Aquellos que pagaban veían cómo sus procesos avanzaban con prioridad, mientras que el resto de la ciudadanía quedaba relegada, afectando gravemente el normal desarrollo de la administración de justicia.
Alias y jerarquías: ¿Quiénes operaban el esquema?
Dentro de los expedientes de la investigación, las autoridades identificaron a individuos que operaban bajo alias específicos, lo que sugiere una estructura organizada. Entre los nombres señalados aparecen ‘Mono’, ‘Cesarín’, ‘Andy’, ‘Marquiño’, ‘Sambo’, ‘Danny’, ‘Lucho’, ‘Rodrigo’ y ‘Don Enrique’.
Estos sospechosos, aprovechando sus cargos dentro del Consejo de la Judicatura en Quito, gestionaban pagos indebidos cuyo monto no era fijo; el valor solicitado variaba de acuerdo con el interés económico del proceso legal que se buscaba impulsar. Para coordinar estas acciones ilícitas y asegurar los pagos, los implicados utilizaban líneas telefónicas personales y de oficina.
Detalles de los allanamientos y evidencias decomisadas
El operativo incluyó nueve allanamientos simultáneos que abarcaron domicilios particulares y una institución pública. Tras las intervenciones, se logró la captura de siete ciudadanos identificados como:
- José P.
- Gilberth A.
- Marcelo F.
- Luis P.
- Daniel M.
- Marco T.
- Andrés A.
En los inmuebles intervenidos, los agentes de criminalística recolectaron una gran cantidad de indicios tecnológicos y documentales que refuerzan la tesis de la Fiscalía. Entre lo decomisado se encuentran: 12 celulares, 11 memorias flash, 6 laptops, 3 relojes digitales, una tablet, un disco duro extraíble, un CD, un CPU y un disco duro portátil.
Un hallazgo particularmente comprometedor fue un sello original de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, además de múltiples documentos que evidenciarían las gestiones irregulares.
Impacto y compromiso institucional
La Policía Nacional subrayó que estas acciones delictivas no solo beneficiaban económicamente a los implicados, sino que erosionaban la confianza ciudadana en la transparencia de los procesos judiciales. Los siete detenidos han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de la instrucción fiscal.
Este operativo se suma a otras intervenciones recientes, como el caso Apagón, reafirmando el compromiso de las instituciones por combatir la corrupción interna. La Fiscalía continuará con la recopilación de evidencias para determinar si existen más funcionarios o niveles jerárquicos involucrados en esta red de concusión.
