El crimen organizado ha permeado instituciones clave como las agencias de tránsito, el ECU-911 y los Cuerpos de Bomberos en Ecuador, según Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad. La intervención de la Empresa de Movilidad de Manta, revelada el 10 de julio de 2025, expone cómo estas entidades son usadas para facilitar narcotráfico y actividades ilícitas.
El exsecretario de Seguridad del gobierno de Guillermo Lasso, Wagner Bravo, general del Ejército en servicio pasivo, advirtió sobre la creciente infiltración del crimen organizado en instituciones estratégicas de Ecuador, incluyendo las agencias de tránsito, el sistema de emergencias ECU-911 y los Cuerpos de Bomberos. En una entrevista reciente, Bravo señaló que la corrupción y la desinstitucionalización han permitido a grupos narcoterroristas cooptar estas entidades para garantizar la logística de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas, explosivos y minería ilegal.
Las agencias de tránsito son un blanco clave para el crimen organizado debido a su rol en la movilidad. Según Bravo, el control de estas entidades permite a las bandas falsificar matrículas, adulterar números de serie de vehículos robados y emitir licencias con identidades falsas, facilitando el transporte de sustancias y materiales ilícitos por carreteras de provincias estratégicas como Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo. “Si cooptan a los agentes de tránsito, tienen carreteras expeditas y alertas tempranas sobre operativos policiales o militares”, explicó Bravo. La intervención de la Empresa de Movilidad de Manta, ordenada por el Gobierno el 10 de julio de 2025 tras detectar contratos por USD 1.8 millones desde 2023, evidenció el uso de esta institución para actividades delictivas, incluyendo la protección de sicarios y el tráfico de drogas, según reportes de la Fiscalía y la Policía Nacional.
El ECU-911, encargado de coordinar emergencias y monitorear carreteras, también está en riesgo. Bravo destacó que las bandas instalan cámaras de vigilancia propias y aprovechan las del sistema para rastrear movimientos de las fuerzas de seguridad, permitiéndoles evadir operativos. Un caso reciente, reportado por Diario Extra el 28 de mayo de 2024, reveló que operadores del ECU-911 filtraban información a funerarias, lo que sugiere vulnerabilidades en la integridad del personal. Asimismo, los Cuerpos de Bomberos han sido infiltrados, con casos documentados en Durán donde vehículos oficiales eran usados para transportar drogas y armas, según un informe de TC Televisión del 8 de julio de 2025.
Bravo subrayó que la corrupción no solo radica en funcionarios cooptados, sino también en la falta de acción para fortalecer las instituciones. En Manta, la alcaldesa Marciana Valdivieso solicitó la intervención de su Empresa de Movilidad tras detectar irregularidades, pero Bravo cuestionó por qué las alcaldías aceptan competencias de tránsito sin capacidad para controlarlas. “La corrupción también es saber del riesgo y no actuar”, afirmó, señalando que las alcaldías, al manejar procesos como matriculación y revisión vehicular, generan ingresos atractivos que las hacen vulnerables a la infiltración. El sistema penitenciario (SNAI), aún militarizado desde enero de 2024, también enfrenta problemas estructurales, con Bravo criticando la falta de avances en su fortalecimiento pese a incidentes como el rescate de 15 funcionarios en la cárcel de Machala en enero de 2024.
La Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, publicada por el gobierno de Lasso, reconoció la “acelerada penetración” del crimen organizado en instituciones estatales, pero Bravo lamentó que no se hayan implementado medidas efectivas, como un sistema anticorrupción nacional planificado en 2023. La ausencia de auditorías criminológicas y protocolos de verificación, como pruebas de confianza, agrava la vulnerabilidad, según expertos citados por InSight Crime.
La infiltración del crimen organizado en agencias de tránsito, ECU-911 y Cuerpos de Bomberos refleja una crisis estructural en las instituciones ecuatorianas, agravada por la corrupción y la falta de controles. Mientras el Gobierno de Daniel Noboa intensifica operativos, como la intervención en Manta y Durán, expertos como Wagner Bravo insisten en que la solución pasa por una reingeniería institucional, planes de carrera para el personal y un sistema anticorrupción robusto. Sin estas medidas, Ecuador seguirá siendo un terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado, con consecuencias devastadoras para la seguridad ciudadana
