El exasambleísta Santiago Díaz Asque, expulsado de Revolución Ciudadana (RC), enfrenta prisión preventiva tras ser acusado de violar a una niña de 12 años en diciembre de 2024. La Fiscalía presentó 25 pruebas en la audiencia del 22 de julio de 2025, mientras el caso desata una crisis política en Ecuador.
La Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1 en Quito ordenó prisión preventiva para Santiago Díaz Asque, exasambleísta de Revolución Ciudadana (RC), acusado de violar a una niña de 12 años en diciembre de 2024. La audiencia de formulación de cargos, realizada el 22 de julio de 2025, incluyó 25 elementos de convicción presentados por la Fiscalía, entre los que destacan el testimonio anticipado de la víctima, las versiones de sus padres y hermana, un informe de pericia ginecológica, documentos de la Asamblea Nacional que confirman su condición de legislador, y partes policiales de tres allanamientos en Quito, donde se incautaron teléfonos celulares, credenciales y una memoria flash. La jueza Carla Olalla determinó que existen “indicios suficientes para presumir una conducta delictiva”, ordenando que Díaz cumpla la medida en la Cárcel 4 de Quito, junto con la prohibición de enajenar bienes y medidas de protección para la víctima, conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La denuncia, presentada por el padre de la menor el 7 de julio de 2025, se retrasó debido al miedo de la víctima y su familia, según el abogado defensor de la menor. El presunto delito ocurrió en el domicilio de Díaz en Iñaquito, Quito, tras una reunión donde el legislador habría estado en estado etílico. La Fiscalía destacó que Díaz evadió a la justicia durante varios días, lo que motivó una orden de localización y captura emitida el 12 de julio, junto con una recompensa de USD 100,000 ofrecida por el Ministerio del Interior. Díaz se entregó voluntariamente el 21 de julio en Tumbaco, bajo presión policial y mediática, según el ministro del Interior, John Reimberg.
El delito de violación a una menor de 14 años, tipificado en el artículo 171 del COIP, conlleva una pena de 19 a 22 años de prisión, con posibles agravantes que podrían aumentar la sentencia. La instrucción fiscal, que comenzó el 22 de julio, tendrá un plazo de 60 días para recabar más pruebas. La Fiscalía ejecutó tres allanamientos el 9 de julio, confiscando documentos y ocho dispositivos electrónicos para fortalecer la investigación.
El caso ha generado un fuerte impacto político. Díaz, quien asumió su curul en mayo de 2025 tras la inhabilitación de Priscila Schettini por violencia política de género, fue expulsado de RC el 8 de julio, un día después de la denuncia. Su propuesta de reforma al artículo 175 del COIP, presentada el 3 de julio para reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años, fue archivada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 16 de julio tras un informe que señaló vicios de inconstitucionalidad y conflictos de interés. La asambleísta Mishel Mancheno (ADN) criticó la iniciativa como un intento de Díaz para “evadir responsabilidades”. El expresidente Rafael Correa, líder de RC, expresó “vergüenza” por el caso y pidió disculpas públicas, asegurando solidaridad con la víctima y su familia.
Organizaciones feministas como Red Infancia Libre y Ni Una Menos Ecuador han exigido justicia y políticas integrales de prevención, argumentando que la reforma propuesta por Díaz ponía en riesgo a menores. La Asamblea Nacional, por su parte, ha reiterado su compromiso con un proceso judicial ágil y transparente.
El caso de Santiago Díaz ha sacudido la política ecuatoriana, exponiendo vulnerabilidades en la institucionalidad y reavivando el debate sobre la protección de menores. Mientras la Fiscalía avanza en los 60 días de instrucción, la sociedad exige celeridad y justicia para la víctima. Este escándalo, que ya costó a Díaz su curul y su militancia en RC, plantea preguntas sobre la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus representantes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención contra la violencia sexual en Ecuador
