El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este jueves 31 de julio de 2025 a cinco jueces y sancionó a otros siete funcionarios judiciales por infracciones disciplinarias, en una nueva jornada de la depuración del sistema judicial. Las medidas, adoptadas tras el análisis de informes técnicos y jurídicos, afectan a servidores de Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y El Oro, y forman parte de una estrategia institucional para combatir la corrupción y fortalecer la credibilidad del Poder Judicial.
Las resoluciones del CJ se basaron en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y responden a una ola de críticas sobre la gestión de jueces en casos sensibles. Entre las destituciones más destacadas están:
- M.F.C.A., jueza penal especializada en delitos de corrupción y crimen organizado en Pichincha, por inhibirse erróneneamente de un caso de tráfico de drogas.
- A.M.P.M., jueza penal en Durán, por desnaturalizar una acción de hábeas data.
- J.J.R.R., juez penal en Chone, por conceder medidas cautelares sin competencia territorial.
- G.R.C.E., juez de garantías penitenciarias en Cuenca, por otorgar beneficios penitenciarios sin cumplir requisitos legales.
- J.G.M.M., juez de la Corte Provincial de Guayas, por solicitar y recibir sobornos en un caso vinculado a Israel Norero.
Además, fueron destituidos funcionarios administrativos como Y.E.G.S., técnica del CJ, por abandono de puesto, y J.P.V.Q., ayudante judicial en Portoviejo, por tardar más de un año en remitir un caso de alimentos.
En cuanto a sanciones económicas, se impusieron multas que van del 3% al 50% del sueldo, como en el caso de K.E.S.V., procuradora judicial del Servicio Nacional de Aduanas, sancionada con el 50% de una remuneración básica unificada por incurrir en una prohibición legal.
También se abrió un sumario disciplinario contra P.A.D.C., directora de Cooperación Internacional de la Fiscalía, por presunto acoso laboral.
El CJ aseguró que todas las decisiones respetaron el debido proceso y el derecho a la defensa. Las sanciones se suman a otras destituciones recientes, como la del juez de Cuenca que liberó a 28 presos condenados por asesinato y violación, y al juez de Chone que envió un video sexual por WhatsApp.
Estas acciones responden, en parte, a la presión de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que denunciaron la liberación masiva de detenidos tras operativos. El presidente del CJ, Mario Godoy, ha propuesto declarar en emergencia al Sistema Judicial, una medida que divide opiniones entre sectores políticos y sociales. Mientras tanto, la institución reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
