Una nueva polémica ha surgido en el país a raíz del proyecto minero Loma Larga, que enfrenta al Gobierno de Daniel Noboa con los gobiernos locales de Cuenca y Azuay. La Presidencia ha intentado transferir la responsabilidad sobre los posibles riesgos de la obra a las autoridades locales, una acción que podría exponer al Estado a un millonario arbitraje internacional si el proyecto se paraliza.
El proyecto, ubicado cerca del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, contempla la construcción de una mina subterránea con una inversión de USD 419 millones. A pesar de su potencial económico, genera una fuerte oposición de colectivos ambientalistas por el temor a que la explotación de oro, plata y cobre contamine las fuentes de agua de la región.
El 11 de septiembre de 2025, el Gobierno Central emitió un comunicado en el que exige al Municipio de Cuenca y a la Prefectura de Azuay que se pronuncien sobre los riesgos del proyecto, y que emitan «informes técnicos y resoluciones administrativas». El Presidente Noboa y la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, han responsabilizado públicamente a los gobiernos locales si el proyecto se detiene y el país debe enfrentar una demanda en una corte internacional.
El Prefecto de Azuay, Cristóbal Lloret, ha rechazado la postura del Gobierno, recordándole que la Constitución establece que la minería es un sector estratégico, cuya administración, regulación y control son competencia exclusiva del Estado a través del Gobierno Central. Abogados expertos en derecho constitucional coinciden en que la responsabilidad recae en el Ejecutivo y que un gobierno local no puede asumir competencias que no le corresponden. El caso, de llegar a arbitraje internacional, deberá ser defendido por la Procuraduría General del Estado.
La controversia se agrava debido a que, a pesar de que el Ministerio de Ambiente otorgó la licencia ambiental, la Corte de Azuay aún no ha verificado el cumplimiento de las medidas dictadas en una sentencia anterior, que incluía la consulta ambiental. Un informe de la empresa de agua de Cuenca (Etapa) ya había advertido que la fase de explotación minera del proyecto no era «viable».
