El noroeste de Guayaquil vive una ola de terror con tres masacres en solo 18 días en el sector de Flor de Bastión, distrito Nueva Prosperina. La más reciente ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda del bloque 6 y ejecutaron a tiros a una mujer de 34 años y sus tres hijas, de 12, 13 y 16 años, con disparos en la cabeza. Un niño de 10 años, hermano de la víctima, encontró la escena al llegar a casa y alertó a la Policía, rescatando a un bebé de dos años, el único sobreviviente.
Esta tragedia se suma a dos ataques previos en la misma zona marginal: el 28 de agosto, Sixto Vega (57), su esposa Maricela Gómez (50) y su hija Dayana (22) fueron acribillados en el bloque 5, dejando vivo a un niño de un año; y el 3 de septiembre, Aida Jiménez (61), Marco Rosero (63) y su hijo James (28) murieron en La Rotaria, junto a su perro familiar. Las tres familias eran cristianas evangélicas, y las investigaciones apuntan a que los criminales buscaban jóvenes vinculados a bandas rivales, ejecutando a todos los presentes en represalia.
Un oficial de la Policía, bajo anonimato, confirmó que la línea principal es la retaliación de los Tiguerones Fénix, facción de Los Tiguerones aliada con Los Choneros, contra los Tiguerones Igualitos, vinculados a Los Lobos. Estas disputas, intensas desde mediados de 2024, involucran extorsiones, narcotráfico y control territorial en barrios como Flor de Bastión y Socio Vivienda. Los ataques usan fusiles automáticos en viviendas en pendientes, faldas de cerros o callejones sin salida mal iluminados, facilitando emboscadas.
El coronel Christian Rueda, jefe subrogante de Nueva Prosperina, anunció un despliegue de unidades tácticas e inteligencia para retomar espacios de difícil acceso y capturar responsables, solicitando colaboración ciudadana. Nueva Prosperina, con 360.000 habitantes, registra 499 homicidios en 2025, el distrito más violento de la Zona 8 (dato de referencia: Policía Nacional). Las bandas provocan desplazamientos forzados, con 5.000 familias afectadas en 2024, según estimaciones policiales, para apoderarse de viviendas y reclutar menores, incluyendo intimidación a mujeres y adolescentes.
Esta escalada de violencia, con 135 sicariatos en Santa Elena este año, amenaza el tejido social en zonas urbanas vulnerables, donde el crimen organizado impone control territorial y extorsiones. La Policía coteja balística para confirmar si una sola organización actuó en los tres casos, mientras la comunidad exige acciones urgentes para frenar la normalización de masacres que dejan más de 300 víctimas múltiples en Ecuador en 2025 (dato de referencia: reportes de violencia múltiple).
