A raíz de los bloqueos de vías que se han registrado en varias provincias por la eliminación del subsidio al diésel, el Gobierno de Ecuador ha iniciado acciones legales. Hasta este 16 de septiembre, se han presentado al menos cinco denuncias por el delito de «paralización de servicio público», una figura penal que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con penas de uno a tres años de prisión.
Las denuncias, impulsadas por la Fiscalía General del Estado, apuntan a seis personas de la provincia del Carchi, en la frontera con Colombia, donde al menos tres tramos viales se mantienen cerrados. Los detenidos fueron llevados a audiencia de flagrancia y se les impusieron medidas cautelares.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró en una entrevista que las denuncias no van dirigidas contra los colectivos sociales o la ciudadanía, sino contra los «cabecillas» que, según ella, buscan aprovecharse de un «gran negocio» relacionado con el subsidio. «Ya tenemos ubicados a ciertos cabecillas de estos grupos, que están dedicados a estos actos delictivos», afirmó.
Hasta el momento, ninguno de los seis denunciados ha sido identificado como una figura pública o conocida.
Dato de referencia: en las protestas de 2019 por la eliminación del subsidio a los combustibles, también se registraron 236 denuncias de este tipo, que finalmente terminaron en una amnistía por parte de la Asamblea Nacional.
