El Gobierno de Daniel Noboa ha dado un paso decisivo en su política económica y de seguridad al eliminar el subsidio estatal al diésel, con el objetivo principal de atacar el millonario negocio del contrabando y la financiación de grupos criminales. La medida, oficializada con el Decreto 126, busca frenar una fuga de recursos que, según las autoridades, está fortaleciendo a las redes del crimen organizado.
Con la eliminación del subsidio, el precio del galón de diésel ha subido de USD 1,80 a USD 2,80, un valor que se mantendrá hasta el 11 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, el precio fluctuará bajo un sistema de bandas, similar al que ya se aplica a las gasolinas Extra y Ecopaís.
La ministra de Finanzas, Sariha Moya, señaló que el subsidio estaba «financiando a tejidos y redes del crimen organizado». La justificación del Gobierno se basa en datos que muestran una «tubería rota» por la que el combustible se fuga del país. Según el Ministerio de Finanzas, en 2024 se identificaron discrepancias por USD 120 millones, correspondientes a 108 millones de galones de diésel despachados que no se reflejan en la facturación.
Además del contrabando, el Gobierno ha señalado que el diésel subsidiado también se desvía para alimentar actividades ilícitas como la minería ilegal, principalmente en provincias como Zamora Chinchipe. En esta región amazónica, el consumo promedio de diésel por vehículo es de 741 galones al mes, una cifra que cuadruplica el consumo nacional y que coincide con la presencia de 10 de los 40 puntos de minería ilegal más peligrosos del país, identificados por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
La ministra Moya ha enfatizado que la eliminación del subsidio no va contra la ciudadanía, sino contra aquellos que se estaban aprovechando de un «gran negocio».
