El segundo día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se ha visto marcado por graves denuncias de represión policial y militar, mientras que las autoridades insisten en calificar de «terroristas» a los manifestantes que han provocado daños. Las principales confrontaciones se han registrado en las provincias de Cotopaxi e Imbabura, donde videos y testimonios de la sociedad civil evidencian el aumento de la tensión.
Una de las denuncias más serias provino del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que a través de sus redes sociales reportó una «brutal represión» en la noche del 22 de septiembre. Según la organización, en la localidad de Saquisilí, militares persiguieron y dispararon contra vehículos de civiles, impactando el parabrisas de una camioneta, un hecho registrado en video y ampliamente difundido. El líder indígena Leonidas Iza condenó el uso de lo que calificó como «balas» por parte de la fuerza pública, acusando al gobierno de Daniel Noboa de autoritarismo y de reprimir la protesta social.
Simultáneamente, la Conaie ha denunciado la persecución de manifestantes en sus propios hogares. En la comunidad Pijal, Imbabura, videos captaron a agentes policiales ingresando a viviendas para realizar detenciones. Iza cuestionó esta táctica y la vinculó al Plan Fénix, un plan de seguridad del gobierno, señalando: «¿Para esto fue creado el Plan Fénix? ¿Para perseguir en sus viviendas a comuneros que reclaman?».
En respuesta a la escalada de violencia, la Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en Ecuador, una fundación de derechos humanos, emitió un comunicado en el que exige el respeto a la protesta social, los derechos colectivos y los tratados internacionales. La fundación recalcó que la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica y el uso progresivo de la fuerza.
Por su parte, el gobierno mantiene una postura firme. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, informó a través de sus redes sociales sobre la detención de 20 personas por los disturbios en Otavalo, donde un cuartel policial fue incendiado. Reimberg detalló que entre los detenidos hay dos ciudadanos extranjeros, presuntamente de nacionalidad venezolana y vinculados al «Tren de Aragua», una organización criminal. El funcionario señaló que estos individuos serán sancionados por «terrorismo». La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, actualizó la cifra total de detenidos en el marco del paro a más de 47 a nivel nacional. La Conaie, a su vez, ha denunciado que estas son «detenciones arbitrarias» y responsabiliza directamente al presidente Noboa y a sus ministros por cualquier atentado contra la vida de sus miembros.
