La crisis política generada por el paro nacional se profundiza. El Gobierno del presidente Daniel Noboa confirmó este lunes 20 de octubre de 2025, el cierre definitivo del diálogo con el movimiento indígena, que ha mantenido una medida de hecho durante 29 días, bajo la convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Tras una reunión de Gabinete en Carondelet, el ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó al sector indígena la responsabilidad de las consecuencias futuras.
El ministro Reimberg fue el encargado de comunicar la postura gubernamental, enfatizando que el Ejecutivo sí mostró apertura para negociar, pero que las bases indígenas no cumplieron los acuerdos previos.
«Hubo un diálogo, pidieron un diálogo y estuvimos como Gobierno. Llegamos a acuerdos que hemos cumplido y que ellos no han cumplido. Ellos se encargaron de cerrar las puertas de diálogo… A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos», sentenció el Ministro del Interior.
Reimberg participó recientemente en un encuentro con dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI), organizaciones de base de la CONAIE. En esa reunión, celebrada el 15 de octubre, se había pactado el inicio de mesas técnicas para este lunes 20 de octubre.
Sin embargo, dichas mesas nunca se instalaron. El detonante para el quiebre, según Reimberg, fue el incumplimiento del «primer punto del acuerdo»: la apertura de las vías, particularmente en la provincia de Imbabura, un compromiso que buscaba normalizar la movilidad tras casi un mes de cierres.
El Ministro también defendió la actuación de la fuerza pública: «La Policía no ha salido ya, los militares no han estado, cuando tuvimos el enfrentamiento ellos vinieron a atacar a la fuerza… nosotros queremos que se mantenga la paz», declaró.
Respuesta Inmediata de la CONAIE
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador respondió casi de inmediato a las declaraciones de Reimberg, calificándolas de «amenaza abierta» y un intento de «criminalizar» la protesta social.
En su comunicado, la CONAIE acusó al Gobierno de «preparar el terreno para falsos positivos, atentados de falsa bandera y montajes destinados a culpar y deslegitimar al movimiento indígena y al paro nacional”.
La organización indígena devolvió la responsabilidad al Gobierno, declarando: “Responsabilizamos al Gobierno por cualquier hecho de violencia o provocación orquestada para silenciar la protesta, infundir miedo y fracturar la unidad popular”, concluyendo con un llamado a sus bases a mantener la «unidad, la organización y la alerta permanente».
El rompimiento de los puentes de diálogo deja un escenario de alta tensión e incertidumbre en el país, con el paro nacional cumpliendo 29 días. La falta de consenso y la mutua acusación de incumplimiento y criminalización escalan el conflicto a un nivel donde las acciones de la fuerza pública y la respuesta de las bases indígenas podrían definir el futuro inmediato de la protesta.
