La mañana de este lunes 11 de mayo de 2026, el panorama político y judicial de Bolivia sufrió un sismo de magnitudes internacionales. Un juzgado en la ciudad sureña de Tarija dio inicio al juicio oral contra el expresidente Evo Morales Ayma, acusado del delito de trata agravada de personas. Ante la inasistencia del exmandatario y de su equipo de defensa a la audiencia de instalación, el tribunal tomó una decisión contundente: declararlo en rebeldía y emitir las correspondientes órdenes de captura y arraigo, prohibiendo su salida inmediata del país.
Un proceso suspendido por la ausencia del acusado
La audiencia, programada para las 8:30 hora local, no pudo avanzar hacia el debate de pruebas. Al constatarse que Morales no se presentó, el fiscal del caso, Luis Gutiérrez, informó que el proceso queda oficialmente suspendido. “El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, declaró Gutiérrez a los medios de comunicación, confirmando que la justicia ahora depende de la efectividad de la Policía para ejecutar la detención.
Las acusaciones: Una relación con una menor de 15 años
El caso que hoy tiene a Morales frente a la justicia se remonta a hechos presuntamente ocurridos en 2015, durante su último periodo presidencial. Según la tesis de la Fiscalía, el líder indígena mantuvo una relación con una menor de 15 años, producto de la cual habría nacido una hija en 2016.
La acusación formal sostiene que los padres de la menor habrían consentido dicho vínculo a cambio de obtener beneficios políticos y personales. Hasta la fecha, el Ministerio Público de Tarija asegura haber reunido más de 170 pruebas de cargo, incluyendo informes técnicos y testimonios, para sustentar la acusación de trata de personas.
El «fortín» del Chapare: Lanzas contra la Policía
Evo Morales, de 66 años, permanece refugiado desde octubre de 2024 en la zona cocalera del Chapare, su principal bastión político. La situación en el lugar es de extrema tensión: miles de campesinos y seguidores leales han montado guardias permanentes, armados con lanzas, para impedir cualquier intento de incursión policial.
No es la primera vez que la fuerza pública falla en capturarlo. Entre octubre y noviembre de 2024, bloqueos de carreteras que duraron 24 días impidieron que los agentes llegaran hasta el lugar donde se oculta el exgobernante. La defensa de Morales, encabezada por el abogado Wilfredo Chávez, alega que su cliente no asistió a la audiencia actual porque no fue notificado personalmente de manera legal, calificando el proceso como una «persecución política» diseñada para desviar la atención de la crisis económica que atraviesa Bolivia.
La defensa de Morales y el contexto político
A través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma X, Morales ha mantenido una postura de rechazo absoluto a los cargos. “Como no hallan nada para procesarme, se inventan delitos”, escribió recientemente, exigiendo una justicia imparcial y autónoma del poder político actual.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, ratificó que las notificaciones se realizaron mediante edictos cumpliendo las formalidades de rigor. Además de Morales, una segunda persona de sexo femenino está siendo procesada en esta misma causa, la cual ya cuenta con un auto de apertura de juicio que no podrá ejecutarse hasta que el exmandatario sea puesto a disposición de las autoridades competentes.
