La Federación Médica Ecuatoriana (FME) encendió las alarmas en el país al exigir formalmente que se ejecuten procesos de evaluación rigurosos «basados en evidencia científica» frente a la decisión del Gobierno Nacional de adquirir medicamentos de manera urgente a la India. El gremio médico no dudó en señalar que la medida responde a lo que consideran una «maniobra política» en medio de la crítica situación que atraviesa el sistema de salud pública en Ecuador.
El presidente de la FME, Santiago Carrasco, aseguró de forma categórica que su organización ha manifestado tanto a la actual administración como al Gobierno anterior la existencia de un fondo específico para países emergentes como Ecuador. Según explicó el directivo, mediante esta herramienta internacional se pueden gestionar las compras de medicamentos «a menor precio con la mejor calidad posible», aclarando que las opciones de abastecimiento no se limitan «solamente a la India».
Durante su intervención, Carrasco recordó un antecedente internacional complejo: en los últimos años se han registrado casos donde medicamentos pediátricos procedentes de la India fueron señalados por su mala calidad. Reportes de prensa internacional y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han vinculado directamente a fármacos de laboratorios específicos de ese país con el fallecimiento de menores de edad. Este escenario ya había provocado que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia (Arcsa) advirtiera desde el año 2024 sobre las condiciones y la calidad de los medicamentos provenientes de dicha nación, justo antes de que Ecuador acelerara estos procesos de compras urgentes.
A pesar de estas alertas, Carrasco aclaró que, hasta el momento, la Federación Médica Ecuatoriana no tiene conocimiento de problemas de salud o afectaciones concretas causadas dentro de Ecuador por el consumo de medicamentos de origen indio. Asimismo, el representante gremial recalcó y reconoció que la industria farmacéutica de la India ha experimentado avances muy importantes durante los últimos años.
No obstante, la preocupación central radica en los mecanismos de fiscalización. Carrasco advirtió de manera enfática que podría desatarse «más crisis» en el sistema de salud pública si no se mantienen y respetan los niveles de vigilancia adecuados por parte de las entidades de control y regulación nacional sobre los fármacos que se espera que arriben al territorio.
«Si realmente van a hacer la compra y no van a estar incluidos los organismos de control de medicamentos en el país, y van a estar estos medicamentos con patentes cuestionables, pues simplemente va a significar más crisis en este momento en el sector de la salud», expuso textualmente el presidente de la Federación.
Este cuestionamiento técnico se alinea con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 393, el cual dispone la creación de una nueva empresa pública encargada del abastecimiento de medicamentos, denominada AIL EP. Según este marco legal decretado, la Arcsa participará activamente en las sesiones del directorio de esta nueva entidad reguladora, pero contará con una limitación estructural: estará «sin voto» dentro de las decisiones.
Por su parte, Giovanny Pazmiño, secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana, consideró que incluso si los fármacos importados cuentan con la prestigiosa aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), de igual forma deben someterse obligatoriamente a todos los procesos locales necesarios para garantizar la total seguridad interna de los medicamentos. Además, Pazmiño cuestionó la estrategia institucional del Ejecutivo al señalar que, a su criterio, la creación de la empresa pública AIL EP «lo que ha hecho es debilitar al Ministerio de Salud».
Mientras esta postura gremial toma fuerza, los hospitales públicos en Quito continúan mostrando deficiencias, obligando de forma recurrente a que los pacientes completen sus recetas médicas acudiendo a farmacias del sector privado.
Cierre y proyecciones del proceso
Frente a la crisis del sistema de salud pública, desde el Gobierno se ha ratificado que se continúa gestionando la llegada prioritaria en los próximos meses de medicamentos catalogados como “urgentes” desde la India.
Al respecto, la funcionaria Nataly Morillo adelantó que se ha identificado un listado de entre 40 y 50 medicamentos prioritarios que se comprarán a la nación asiática. La planificación gubernamental aspira a concretar la firma del contrato correspondiente en un plazo de tres semanas a partir del pasado 24 de mayo de 2026. Tras la validación de dicho contrato, Morillo reveló que la expectativa oficial es que el cargamento de fármacos se encuentre distribuido dentro de los hospitales públicos en un lapso estimado de entre 30 y 60 días.
