La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) confirmó de manera oficial el inicio de un proceso administrativo de carácter integral y urgente para evaluar a fondo la operatividad, las competencias técnicas y los protocolos de seguridad en el transporte de la Cooperativa de Transporte y Turismo Baños. Esta drástica determinación institucional se deriva de forma directa de una serie consecutiva de eventos adversos, siniestros viales y hallazgos de índole delictiva que han involucrado directamente a varias unidades de esta empresa de transporte interprovincial durante las últimas semanas en el territorio ecuatoriano. Según el pronunciamiento del ente rector de la movilidad, estos alarmantes hechos demandan la ejecución inmediata de una fiscalización exhaustiva e intransigente sobre sus estándares de seguridad vial. Este proceso de auditoría general se suscita en un contexto de alta siniestralidad en el país, registrándose de forma paralela otros incidentes viales recientes como el siniestro de tránsito en Guayllabamba que dejó un saldo de siete personas heridas, un choque en la Ruta Viva que dejó un herido y causó el cierre total de la vía en Quito, y otro percance vial que dejó tres ciudadanos heridos en el sector de Tumbaco.
El detonante principal que aceleró la apertura de este severo expediente administrativo fue un grave siniestro de tránsito ocurrido en la región amazónica, específicamente en la provincia de Napo, en el tramo de la carretera conocido popularmente como la “Y” de Narupa – Loreto. Ante la gravedad de este hecho, el personal técnico especializado perteneciente a la Dirección Provincial de la ANT de Tungurahua se desplazó de forma inmediata hacia las oficinas matrices y bases operativas de la empresa operadora. El objetivo de este contingente es auditar de manera rigurosa y exhaustiva los registros de operación diaria, los certificados de las revisiones técnicas vehiculares aplicadas a toda su flota de buses, la vigencia y puntos de las licencias de conducir de los choferes contratados, y la totalidad de la documentación legal exigida por el Estado ecuatoriano para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.
Sin embargo, las investigaciones oficiales desplegadas por la entidad reguladora no se limitan únicamente al reciente siniestro en las carreteras de Napo. La ANT considera como antecedentes críticos y determinantes otros eventos delictivos y de inseguridad que ya habían levantado las alertas máximas sobre el comportamiento corporativo de la empresa. El pasado 25 de mayo de 2026, durante la ejecución de los operativos de control vial articulados con motivo del feriado nacional, personal uniformado de las fuerzas del orden descubrió un cargamento oculto de sustancias sujetas a fiscalización en el interior de las bodegas destinadas al equipaje de los pasajeros en una unidad de esta cooperativa, hecho que guarda relación directa con el hallazgo previo de 140 paquetes de marihuana camuflados en un bus interprovincial en el cantón Baños. Este decomiso de narcóticos generó un informe técnico vinculante que hoy forma parte del cuerpo de pruebas del expediente administrativo abierto por las autoridades.
En respuesta inmediata a estas novedades que vulneran la seguridad nacional, el pasado 29 de mayo de 2026 se coordinó y efectuó un control adicional de carácter sorpresivo en el cantón Baños, provincia de Tungurahua, contando con el respaldo operativo de la Policía Nacional. Durante esta nueva inspección física, los inspectores estatales detectaron de forma flagrante un total de cuatro unidades de la Cooperativa Baños que se encontraban circulando y prestando servicios comerciales sin portar la documentación habilitante obligatoria exigida por la ley. De forma particular y alarmante, la autoridad competente constató que tres de estos autobuses clandestinos e irregulares trasladaban en su interior a menores de edad, razón por la cual se procedió a suspender su marcha y asegurar la movilización de los niños en otros vehículos que sí contaban con las autorizaciones debidas, garantizando así su integridad física y psicológica.
La Agencia Nacional de Tránsito ha ratificado ante la opinión pública que su postura frente a estos hallazgos será de una absoluta e inflexible rigurosidad jurídica. El propósito definitivo de estas indagaciones es determinar el grado de responsabilidad de la empresa en estos incumplimientos administrativos, las fallas estructurales en sus protocolos de control operativo interno y las evidentes vulneraciones a la normativa de seguridad vial. El ente rector del transporte advirtió de forma clara que aplicará las sanciones más severas previstas en la legislación vigente una vez que se individualicen las responsabilidades. Con este despliegue de fiscalización, las autoridades buscan precautelar de forma efectiva la vida de los usuarios de las rutas interprovinciales y elevar los niveles de vigilancia en los corredores viales estratégicos que conectan a las provincias de la Sierra con la Amazonía y el resto de las regiones del Ecuador.
