El fantasma del rastreo de inteligencia estatal y el control político sacude los cimientos institucionales del Ecuador tras una severa comparecencia en el Palacio Legislativo. La mañana de este martes 23 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, compareció de forma presencial ante los integrantes de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional con el firme objetivo de dar inicio formal al proceso de fiscalización y control político sobre la presunta red de espionaje estructurada a través de los dispositivos de videovigilancia y cámaras de seguridad pertenecientes a la empresa pública municipal Segura EP. Durante su intervención, el secretario de Estado encendió las alertas al denunciar de forma directa que los sistemas de monitoreo técnico del Municipio de Quito estarían actualmente bajo la manipulación y el manejo operativo de exfuncionarios vinculados a la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
La grave acusación formulada por el titular de la cartera del Interior detalla que las cámaras de seguridad que cubren los puntos estratégicos de la capital de la República se encuentran controladas por personal de la extinta Senain, entidad de inteligencia que operó con regularidad durante el mandato presidencial de Rafael Correa. “Ellos son los que ya trabajan en la Alcaldía de Quito y están a cargo de esto, ¿con qué finalidad?”, cuestionó de forma pública el ministro Reimberg ante la mesa legislativa, abriendo un debate profundo sobre el uso de recursos tecnológicos públicos para fines ajenos a la protección de los ciudadanos.
El impacto de esta supuesta infiltración trasciende el ámbito de la disputa política y golpea directamente las estrategias de seguridad pública en el territorio ecuatoriano. Según lo manifestado con firmeza por el ministro Reimberg, el control de estas salas de monitoreo por parte de elementos ajenos a las fuerzas del orden permite de manera sistemática que diversos grupos delincuenciales y delincuencia organizada conozcan de antemano los movimientos y las operaciones tácticas planificadas por la Policía Nacional. Esta filtración de datos sensibles sirve para alertar a las bandas delictivas sobre los diferentes despliegues e intervenciones que ejecuta el Bloque de Seguridad en las calles de la urbe.
Lejos de tratarse de un problema exclusivo de la capital, la autoridad gubernamental advirtió que este modus operandi delictivo también se replica en otros cantones y cabildos de la nación, los cuales ya han sido colocados bajo un riguroso proceso de investigación técnica y judicial. “Voy a hacer lo mismo que con Segura EP, lo mismo que hice con la ATV Samborondón, porque esa es la línea correcta en la lucha contra los grupos criminales”, aseveró Reimberg durante su intervención formal ante la Comisión legislativa, ratificando la extensión de los operativos de control a otras dependencias municipales de la provincia de Pichincha y el resto del país.
En el desarrollo de su comparecencia parlamentaria, el ministro ratificó de forma contundente el éxito de las acciones previas que permitieron desarticular una red paralela de espionaje que operaba de manera clandestina utilizando la infraestructura técnica de las cámaras de Segura EP en Guayaquil. “Hemos desarticulado una estructura de espionaje paralelo que funcionaba bajo la fachada de la administración municipal”, ratificó Reimberg, catalogando a este andamiaje como una arquitectura tecnológica expresamente diseñada para ejecutar labores de control político y seguimiento social.
Las indagaciones técnicas complementarias implementadas en torno a este caso expusieron graves irregularidades administrativas en el manejo informático de las plataformas de seguridad. Específicamente, se detectó la asignación irregular de credenciales de usuario con privilegios de administrador avanzado en favor de un funcionario identificado como Franklin Contreras. Este nivel de acceso preferencial le permitió intervenir y manipular directamente plataformas institucionales de extrema criticidad para la seguridad ciudadana, incluyendo los sistemas informáticos conocidos como Gev, Sifon Review y la herramienta CBX, otorgándole una capacidad irrestricta para alterar y controlar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.
Tras hacerse públicas estas anomalías y el alcance de las investigaciones estatales, el funcionario involucrado, Franklin Contreras, procedió a presentar su renuncia con carácter de irrevocable ante la entidad correspondiente. Por otra parte, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional contempla dentro de su hoja de ruta la posibilidad de convocar a una comparecencia oficial a Fernando Cornejo, exgerente de la corporación Segura EP, para que rinda su versión técnica respecto a los accesos informáticos otorgados y los protocolos de seguridad vigentes durante el período de su administración.
