El caso que mantiene bajo la lupa la seguridad de los activistas en el país da un giro radical. La defensa técnica de los familiares de Monika Silva realizó un pedido formal de urgencia a la Fiscalía General del Estado este viernes 26 de junio de 2026. A través de un comunicado conjunto de prensa, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam Guayaquil) revelaron detalles concluyentes de la necropsia que descartan por completo los rumores iniciales en torno al deceso de la activista. Ante los hallazgos, las organizaciones hicieron un llamado enérgico para que se ejecute una investigación exhaustiva, independiente, con enfoque de género y diligente sobre la muerte de Silva, ocurrida en la provincia costera de Santa Elena.
En el documento emitido el 26 de junio de 2026, ambas organizaciones informaron que, según los resultados oficiales de la autopsia médico-legal, la causa de la muerte fue asfixia mecánica, específicamente por constricción del cuello mediante mecanismos combinados, lo que confirma una muerte de carácter violento. Por lo tanto, el CDH y el Cepam sostienen que es fundamental determinar el móvil, las circunstancias exactas y las responsabilidades penales en este caso. Las organizaciones afirmaron de manera categórica que se descartó la hipótesis de un suicidio basándose estrictamente en los resultados científicos de la autopsia. En este contexto de contradicciones, solicitaron a la Fiscalía que reciba de forma obligatoria la versión libre y voluntaria del ministro del Interior, John Reimberg, respecto a sus declaraciones públicas emitidas previamente sobre el caso.
La defensa técnica solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que agote todas las líneas de investigación posibles y no se limite a una sola teoría. Esto incluye investigar detalladamente si el crimen se trata de un femicidio ocurrido en el ámbito íntimo o familiar, así como considerar la posibilidad de que el hecho responda a un femicidio político, vinculado directamente con las actividades de Monika Koniuszek (Monika Silva) como defensora de derechos humanos y activista anticorrupción.
Asimismo, informaron que requirieron a los agentes fiscales recibir las versiones de las personas más cercanas a la víctima y realizar diversas diligencias de campo para identificar posibles antecedentes de violencia relacionados con el crimen. En relación estrecha con su actividad pública y de fiscalización ciudadana, requirieron que se obtengan versiones libres y voluntarias de las personas que fueron explícitamente mencionadas por la activista en sus denuncias públicas previas.
Entre las solicitudes planteadas a la Fiscalía también se encuentra la recopilación exhaustiva e incorporación inmediata al expediente fiscal de todas las publicaciones escritas, investigaciones, piezas de video, transmisiones en vivo y denuncias de carácter administrativo y judicial que guarden relación con Monika Koniuszek. Estas diligencias buscan establecer con precisión técnica el alcance real de sus denuncias ciudadanas y determinar si existieron conflictos de poder o amenazas directas vinculadas a su muerte en la provincia de Santa Elena.
Finalmente, el CDH y Cepam Guayaquil afirmaron de manera pública que continuarán brindando un acompañamiento y apoyo integral a la familia de la activista durante todo el desarrollo del proceso legal. Además, recalcaron que verificarán de manera constante que la investigación se realice con total independencia institucional, rigor técnico y un correcto enfoque de género. Su actuación jurídica busca garantizar el acceso de los familiares a sus derechos fundamentales de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición.
