El escenario de control legislativo sobre el anterior gabinete ministerial ha tomado un rumbo definitivo y sin retorno en la capital de la República. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional calificó de manera oficial, este viernes 26 de junio de 2026, la solicitud de inicio de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La decisión marca el punto de partida para un proceso formal de interpelación que previamente ya había recibido la luz verde inicial por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que dio inicio formal al trámite institucional y administrativo respectivo.
La sesión de la mesa legislativa estuvo marcada por un sorpresivo e histórico consenso de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea. La moción formal para dar paso y calificar el trámite fue presentada formalmente por la asambleísta Ana Belén Tapia, legisladora perteneciente a la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). Al momento de la votación en el pleno de la comisión, la propuesta recibió una aprobación unánime absoluta, consolidando un total de diez votos a favor de la apertura del proceso fiscalizador.
La solicitud original de interpelación y juicio político fue formulada y estructurada por los asambleístas pertenecientes a la bancada de oposición de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios y Blasco Luna. Ambos legisladores del bloque correísta fundamentaron técnicamente su requerimiento acusando de forma directa a Inés Manzano por un presunto y severo incumplimiento de las funciones específicas que le asignaban la Constitución y las leyes de la República mientras estuvo al frente de la referida cartera de Estado.
La base argumental y las pruebas presentadas por los interpelantes se concentran de manera estricta en presuntas irregularidades, anomalías y faltas administrativas detectadas dentro de los procesos de contratación pública celebrados con la empresa Progen, justamente durante el periodo cronológico en el que Manzano dirigía y lideraba la gestión ministerial del sector de Ambiente y Energía.
Estas denuncias en torno al caso Progen han desatado un debate de proporciones significativas en el ecosistema político del Ecuador, puesto que colocan bajo sospecha técnica y administrativa decisiones de alta gerencia pública que, de acuerdo con los asambleístas denunciantes, podrían haber afectado de forma directa los principios de transparencia, legalidad y eficiencia que deben regir obligatoriamente en el manejo y la asignación de los recursos económicos públicos del Estado. Este panorama ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión pública la relevancia que posee el ejercicio del control y la fiscalización del poder legislativo sobre las acciones ejecutadas por las distintas dependencias de la función ejecutiva.
Frente a la gravedad de los señalamientos en su contra, la propia Inés Manzano se pronunció públicamente sobre el avance del denominado caso Progen. En sus declaraciones oficiales, la exministra aseguró de forma enfática que mantiene una postura de total apertura frente a las investigaciones y aseveró que colaborará activamente con las diligencias que lleve adelante la Fiscalía General del Estado en el ámbito penal ordinario.
Con la calificación unánime alcanzada en la Comisión de Fiscalización, las autoridades parlamentarias confirmaron los próximos pasos normativos dentro del proceso. Se espera el inicio inmediato del periodo formal de actuación y evacuación de pruebas, etapa procesal que permitirá investigar a profundidad la veracidad y el alcance real de las acusaciones planteadas por el bloque de la Revolución Ciudadana. Este procedimiento administrativo y político, según analistas locales, proyecta tener repercusiones institucionales y electorales de gran magnitud, afectando tanto el futuro legal y político de Inés Manzano como el capital político de los propios asambleístas y bancadas que impulsan y sostienen activamente esta acción fiscalizadora dentro del Parlamento.
