Las extorsiones perpetradas por grupos de delincuencia organizada (GDO) en Ecuador han alcanzado niveles alarmantes, afectando al comercio, el transporte, la educación y la población en general. Entre 2022 y 2024, las denuncias por este delito se triplicaron, pasando de 6,651 a 20,293 casos, según cifras oficiales. Aunque los casos han disminuido en 2025, las bandas criminales continúan generando millonarias ganancias mediante amenazas, explosivos y secuestros.
El «conflicto armado interno» declarado por el gobierno ecuatoriano contra las estructuras criminales ha evidenciado la magnitud del problema. En ciudades como Guayaquil, las extorsiones han cobrado especial relevancia debido a su impacto en sectores clave de la economía y la vida cotidiana.
Ganancias millonarias para las bandas:
El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, alertó sobre las millonarias ganancias que estas actividades dejan a las organizaciones criminales. Por ejemplo, en el barrio Socio Vivienda, ubicado en el noroeste de Guayaquil, cada familia paga diariamente dos dólares a la banda conocida como Los Tiguerones . Estas cuotas, sumadas a las extorsiones al transporte y a negocios locales, representan ingresos anuales de aproximadamente dos millones de dólares para esta estructura criminal.
Impacto en la población:
En Samanes, un barrio del norte de Guayaquil, Sofía y su esposo nunca habían sentido miedo hasta que explosivos destruyeron dos viviendas vecinas. En la calle, encontraron panfletos con advertencias de una supuesta banda criminal exigiendo pagos bajo amenaza de atentados similares. “Estamos llenos de miedo, nos hemos unido entre vecinos para tomar medidas”, declaró la pareja a EFE.
Este fenómeno no solo afecta a familias, sino también a empresas, escuelas, comercios y el transporte público. Las bandas exigen cuotas que, en algunos casos, superan los 10,000 dólares mensuales, acorralando a quienes dependen de estos sectores para sobrevivir.
Transporte paralizado por «vacunas»:
El aumento de las llamadas «vacunas», término coloquial para referirse a las extorsiones, ha llevado a los dueños de autobuses urbanos a eliminar servicios en ciertos sectores de Guayaquil o pagar para poder operar. “Si hoy piden 30,000 dólares y yo accedo, en una semana o dos piden 20,000 o 10,000 más, y si no se paga, hay bala en el carro o secuestran a los chóferes”, relató un directivo de una cooperativa de transporte bajo condición de anonimato.
Según datos proporcionados, al menos 14 de las más de 50 cooperativas de transporte en la ciudad están siendo extorsionadas por varias organizaciones que aseguran controlar las zonas por donde circulan. En un trágico incidente ocurrido a inicios de mayo, una mujer fue asesinada cuando subía a uno de estos buses, víctima de un ataque perpetrado por presuntos extorsionadores.
“Salimos a trabajar, pero no sabemos si regresaremos”, lamentó un transportista, quien agregó que muchos conductores han abandonado el país debido a las amenazas. “Es lamentable lo que sucede y no podemos hacer nada.”
Miedo en el ámbito educativo:
La situación también ha llegado a las escuelas. Gabriela Menéndez, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) en la provincia del Guayas, señaló que estudiantes de al menos cinco instituciones educativas en Guayaquil y Durán reciben clases virtuales debido a las extorsiones. El ausentismo estudiantil en la provincia bordea el 20% debido a la inseguridad.
A algunos profesores les exigen hasta 500 dólares mensuales, lo que ha generado desesperación entre los docentes. “Tenemos miedo de que, si no tenemos para pagar la vacuna, nos vayan a matar. Nos sentimos abandonados”, expresó Menéndez. Algunos maestros han solicitado cambios de colegio o han renunciado por temor a represalias.
Explosiones contra comercios:
El comercio en Guayaquil también está en zozobra. La semana pasada, varios negocios amanecieron destruidos tras la detonación de explosivos. Semanas antes ocurrió lo mismo en la Bahía, una zona céntrica con 4,300 comerciantes que enfrentan amenazas de grupos criminales que exigen miles de dólares a cambio de no ser atacados.
“Han pasado de amenazas y secuestros a bombas”, afirmó Franklin Coloma, abogado de los comerciantes. A pesar de que la Policía ha intensificado los operativos, los afectados consideran que las medidas no son suficientes. La noche de este martes, al menos cinco locales más quedaron destruidos tras nuevos ataques con explosivos.
Frente a esta crisis, comerciantes, transportistas y maestros han pedido apoyo urgente de las autoridades, incluida la militarización de zonas críticas y una estrategia integral de seguridad entre el Municipio y el Gobierno. “Sin seguridad, no hay reactivación económica”, declaró Coloma. Mientras tanto, las extorsiones siguen siendo una sombra que amenaza la vida diaria de miles de ecuatorianos.
