Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro y asesinato de cuatro ciudadanos , entre ellos una mujer de origen chino, cuyos cuerpos fueron encontrados este viernes 6 de junio en una cisterna en la cooperativa Nueva Frontera , en el distrito Nueva Prosperina , noroeste de Guayaquil . Las víctimas habían sido secuestradas entre el 29 de mayo y el 5 de junio , según las investigaciones preliminares.
El comandante de la Policía Nacional en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) , Víctor Hugo Ordóñez , informó que las víctimas murieron por asfixia . Los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies dentro de la cisterna, lo que sugiere un crimen premeditado y brutal.
En una rueda de prensa ofrecida horas después del descubrimiento, Ordóñez detalló que los cinco detenidos estarían vinculados a la organización criminal Tiguerones Igualitos , una facción del grupo delictivo Los Tiguerones . Dos de los sospechosos tienen antecedentes penales por asociación ilícita, robo, secuestro y tenencia ilegal de armas .
Las víctimas fueron secuestradas en diferentes fechas y lugares:
29 de mayo : La comerciante china fue raptada en la ciudadela Martha de Roldós , en el norte de Guayaquil.
3 de junio : Dos hombres fueron secuestrados en las inmediaciones de la ciudadela Urbanor .
5 de junio : Un cuarto ciudadano fue raptado en La Aurora , cantón Daule .
A pesar de que la Policía capturó rápidamente a dos participantes en el secuestro de la comerciante china —identificados como Jhorly Ariel P.M., alias Cocacho, y Byron Steven M.V., alias La Pinky —, ambos quedaron en libertad tras una decisión judicial. Según el acta de formulación de cargos, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó medidas cautelares para alias La Pinky , quien presentó un RUC de una empresa donde supuestamente trabaja y una factura de servicios médicos de su sobrina como justificación para evitar prisión preventiva. En cambio, la Fiscalía pidió prisión preventiva para alias Cocacho , pero el juez decidió no enviarlo a prisión argumentando inconsistencias en las solicitudes de la fiscalía.
«Mal haría en mandarlo a la cárcel a Jhorly Ariel porque la FGE pidió medidas cautelares para el otro procesado», declaró el magistrado, liberando a ambos sospechosos bajo la condición de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Este caso ha generado indignación pública, especialmente debido al aumento alarmante de secuestros extorsivos en zonas costeras de Ecuador, atribuidos principalmente a grupos criminales vinculados al narcotráfico. Desde la declaratoria de conflicto armado interno contra el crimen organizado hecha por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024 , las autoridades han intensificado sus esfuerzos para neutralizar estas bandas, catalogadas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales .
Este caso refleja la complejidad y el desafío que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado. A pesar de los esfuerzos policiales y militares, decisiones judiciales controvertidas, como la liberación de los dos secuestradores, ponen en evidencia la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para garantizar que los responsables de estos crímenes enfrenten consecuencias severas. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas claras sobre los motivos detrás de este brutal crimen.
