El Gobierno ecuatoriano propone un cambio radical en la gestión de áreas protegidas: permitir que el sector privado administre reservas naturales para actividades como el turismo o la investigación científica. La iniciativa, enviada por el presidente Daniel Noboa el 14 de junio de 2025, ya enfrenta resistencia del correísmo, que rechaza cualquier intento de «privatización» de estos espacios.
El proyecto de Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local fue presentado por el Ejecutivo como una medida urgente para enfrentar los graves problemas que afectan a las reservas naturales del país. Según datos del Ministerio del Ambiente, Ecuador cuenta con 91 ecosistemas, de los cuales 87 están mapeados y representan el 61,58% del territorio nacional. Sin embargo, solo 78 reservas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), cubriendo poco más del 19,4% del país.
El gobierno argumenta que estas áreas enfrentan dos grandes desafíos: la falta de recursos económicos para su mantenimiento y la ocupación ilegal por parte de grupos vinculados al crimen organizado. Actividades como la minería ilegal, la tala indiscriminada y la caza furtiva han convertido a estas zonas en epicentros de conflictos ambientales y sociales.
Para abordar esta crisis, el proyecto establece tres modelos de gestión para las áreas protegidas:
- Administración directa por parte del gobierno central o gobiernos locales.
- Gestión mediante contratos con el sector privado, nacional o internacional, para actividades específicas como turismo, investigación científica o prestación de servicios ambientales.
- Otros mecanismos permitidos por la normativa legal vigente.
Además, se contempla la posibilidad de que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas brinden seguridad en estas zonas, sin retirar las competencias de los guardaparques ni el uso de tecnología satelital en áreas remotas.
La propuesta también incluye una disposición especial para la pesca artesanal: el perdón total de cánones vencidos, intereses, recargos y multas relacionados con contratos de arrendamiento de infraestructura portuaria, siempre que estos beneficien a pescadores artesanales y organizaciones de la economía popular.
Aunque el proyecto aún no ha sido analizado en detalle por la mayoría de legisladores, el correísmo ya adelantó su rechazo. La asambleísta Ana Herrera afirmó que no aceptarán la privatización de áreas protegidas bajo el pretexto de financiar su administración, argumentando que esta es una responsabilidad exclusiva del Estado.
El proyecto, que deberá ser revisado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico local. Sin embargo, la polémica ya está servida: mientras algunos ven en la iniciativa una oportunidad para revitalizar las áreas protegidas, otros temen que abra las puertas a la explotación comercial de los recursos naturales del país.
