La Asamblea Nacional enfrenta un proceso de depuración interna tras revelarse que al menos 40 personas vinculadas a asambleístas o funcionarios laboraban en la institución legislativa. Según el presidente del Legislativo, Niels Olsen , cuatro de ellas renunciaron y el resto fue desvinculado por incumplimientos a las normas de contratación. Sin embargo, legisladores como Alfredo Serrano (PSC) exigen ir más allá: no solo despedirlos, sino también identificar y responsabilizar a quienes los recomendaron.
El pasado lunes 8 de julio, Niels Olsen anunció una serie de reformas orientadas a combatir el nepotismo dentro de la Asamblea Nacional. Esta semana, durante una sesión plenaria realizada el martes 15 de julio, se confirmó que ya se han desvinculado varias personas que mantenían relaciones familiares con asambleístas o altos cargos del organismo legislativo.
Entre los casos más sonados está el de la madre y hermano de Dominique Serrano , quienes recibieron sus cartas de liquidación tras ser notificados de su salida de la institución. También se dio a conocer la desvinculación de dos colaboradores cercanos al asambleísta Santiago Díaz , acusado de presunta violación a una menor de edad, y que permanece sin aparecer en el Pleno desde que estalló la denuncia.
“Hay que hacer los cruces con el Registro Civil para verificar cuáles son los asambleístas que tienen a sus parientes trabajando dentro de la Asamblea”, afirmó Olsen, quien además dejó abierta la posibilidad de que existan más casos por investigar.
Las declaraciones del titular del Parlamento generaron reacciones cruzadas. Mientras algunos celebraron el anuncio como un paso hacia la transparencia, otros expresaron preocupación por la forma en que se están llevando a cabo las acciones de control. En ese sentido, Alfredo Serrano , representante del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que “nadie llega a esta Asamblea y simplemente lo nombran de la noche a la mañana. Alguien recomendó esos puestos y ese alguien debe responder”.
Serrano enfatizó que, aunque apoya la depuración, considera necesario identificar quiénes promovieron estas contrataciones , y aplicar sanciones ejemplarizantes. “La Constitución y la Ley de la Función Legislativa contemplan la destitución de legisladores que tramiten cargos públicos”, recordó.
Por otro lado, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna , indicó que está de acuerdo con las medidas adoptadas por el Presidente de la Asamblea, pero destacó que es fundamental hacer públicos los nombres de los desvinculados , con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso.
“¿A qué le temen? A lo mejor aparecerán por ahí apellidos conocidos de legisladores de ADN. Hagan las cosas bien”, advirtió Luna, quien también cuestionó el uso de guardaespaldas personales por parte de varios asambleístas, algo que consideró inapropiado y fuera de protocolo.
La situación refleja una vez más la tensión interna en el hemiciclo ecuatoriano, especialmente en medio de escándalos relacionados con corrupción, nepotismo y conductas inadecuadas por parte de algunos legisladores. El debate sobre cómo evitar que estos hechos se repitan y quién responde por ellos sigue abierto.
Mientras continúan las investigaciones y se implementan nuevas reglas para prevenir el nepotismo, la Asamblea Nacional enfrenta un momento crucial de transparencia institucional . Las demandas ciudadanas de ética y rendición de cuentas ponen a prueba la capacidad del Legislativo para limpiar su imagen y establecer mecanismos efectivos de control interno.
