Los exasambleístas Santiago Díaz Asque y Pablo Muentes fueron trasladados desde el Centro de Rehabilitación Social Pichincha N.º 2 (Cárcel 4 de Quito) a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, por orden del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). La medida, dispuesta el 4 de agosto de 2025, responde a una alerta del Centro Nacional de Inteligencia sobre un riesgo inminente para sus vidas en la prisión capitalina.
Según el oficio del SNAI, el traslado se realizó “con la finalidad de precautelar su seguridad e integridad física, así como evitar posibles hechos violentos que se puedan suscitar en contra de su vida”. Ambos políticos se encontraban en una unidad carcelaria de régimen ordinario, pero su alta exposición mediática y la gravedad de los casos en los que están involucrados generaron preocupación por su protección.
Santiago Díaz Asque, exlegislador de Revolución Ciudadana (RC), cumple prisión preventiva desde el 21 de julio de 2025, tras entregarse a las autoridades. Es investigado por el presunto delito de violación a una menor de 12 años. Pese a presentar un recurso de Habeas Corpus para obtener su libertad, fue rechazado por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Díaz permaneció varios días prófugo tras la denuncia del 8 de julio, durante los cuales incluso se ofreció una recompensa de USD 100.000 por información sobre su paradero. Tras su captura, fue expulsado de su bancada y su polémico proyecto de ley para reducir la edad de consentimiento sexual fue archivado. El expresidente Rafael Correa calificó su accionar como “vergonzoso” y pidió disculpas al país en nombre del correísmo.
Por su parte, Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), cumple una condena de 13 años y cuatro meses por su participación en el caso Purga, una trama de delincuencia organizada que involucró a jueces, fiscales y funcionarios judiciales para direccionar fallos a cambio de dinero. La justicia lo consideró uno de los cabecillas del esquema que afectó a la Corte de Justicia de Guayas.
El traslado a La Roca, una cárcel diseñada para albergar a los reos más peligrosos del país, refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan ambos exfuncionarios, no solo por amenazas externas, sino también por posibles represalias dentro del sistema penitenciario. Mientras avanza el proceso judicial de Díaz, el caso sigue generando conmoción nacional y reabriendo debates sobre la ética en la función pública.
