El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este 12 de septiembre de 2025 suspender por tres meses a la jueza Daniela Ayala, responsable de la audiencia de formulación de cargos en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. La medida cautelar, aprobada con dos votos a favor del presidente del CJ, Mario Godoy, y la vocal Yolanda Yupangui, implica la suspensión de su salario durante el período. El voto en contra fue emitido por la vocal Solanda Goyes, quien argumentó que no existe causal suficiente para la sanción.
La decisión surge de una denuncia presentada por el fiscal general (s) Wilson Toainga, en representación del Ministerio Público, contra acciones de Ayala durante la audiencia del 3 de septiembre. Según la denuncia, la jueza emitió expresiones que se alejan de su rol imparcial, como sugerir que la fiscal Ana Hidalgo carecía de capacidad para actuar objetivamente y debería excusarse del caso. Además, cuestionó que la Fiscalía no debe ser «el brazo ejecutor del gobierno de turno», lo que, a juicio de Toainga, induce sin sustento a motivaciones políticas en lugar de técnicas en la institución.
Ayala también negó la apelación de la Fiscalía para imponer prisión preventiva a José Serrano y Xavier Jordán, dos de los procesados por su presunta participación intelectual en el asesinato de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Yupangui justificó la suspensión como «medida preventiva» por la «falta de respeto y consideración indudable» de la jueza, para evitar repeticiones. Goyes, por su parte, indicó que Ayala puede impugnar el fallo, lo que podría permitirle regresar a su puesto y reclamar los salarios de los tres meses.
Contexto Judicial y Implicaciones Esta sanción ocurre en un momento de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, con Noboa impulsando reformas a la Corte Constitucional y la Judicatura. El caso Villavicencio, que involucra a Serrano, Jordán, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo como autores intelectuales, ha generado controversia por las decisiones de Ayala, quien priorizó medidas alternativas como presentaciones periódicas para algunos procesados. La suspensión podría retrasar el proceso, que está en etapa de instrucción fiscal, en un contexto donde Ecuador enfrenta desafíos de seguridad, con más de 4,000 homicidios en 2025 (dato de referencia: Policía Nacional). La oposición judicial cuestiona si la medida responde a presiones políticas, mientras el CJ insiste en preservar la imparcialidad.
