La Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial contra un uniformado de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), identificado como Byron Andrés S. M., por el delito de concusión. El agente es señalado por abusar de su cargo para exigir beneficios económicos a un ciudadano, tras un incidente registrado en el sector de Amaguaña, al sureste de la capital, el pasado 25 de marzo de 2026.
Los hechos: Del pedido de coima a la retención
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el suceso se originó cuando el agente interceptó a un motociclista en las inmediaciones del parque de Amaguaña. El conductor circulaba sin casco de protección y no portaba su licencia de conducir, infracciones que motivaron la intervención.
Aprovechando la situación, el uniformado habría solicitado inicialmente la suma de USD 200 para no proceder con la retención del vehículo ni la aprehensión del ciudadano. Tras una negociación que duró varios minutos, ambas partes habrían pactado el pago de USD 130.
Evidencia en video y operativo de captura
El relato de la Fiscalía detalla que la víctima contactó a un familiar para conseguir el dinero en efectivo y llevarlo hasta el sitio donde permanecía retenido. Aunque existen versiones sobre un sobre dejado en un patrullero, una grabación de video captó el momento en que el motociclista arroja el dinero dentro del casco del agente mientras mantenían una conversación junto a una camioneta oficial de la AMT.
Posterior al intercambio, el ciudadano alertó al ECU 911. Gracias a la coordinación con la Policía Nacional, se desplegó un operativo que permitió localizar y aprehender al agente Byron Andrés S. M. en un cuartel ubicado en la parroquia de Conocoto.
Implicaciones legales y posibles sanciones
Pese a que el dinero en efectivo no fue recuperado durante la detención, la Fiscalía aclaró que el delito de concusión se configura legalmente con la sola exigencia del pago indebido, independientemente de si se llega a recibir el monto.
Bajo la normativa vigente en Ecuador, de ser hallado culpable, el procesado podría enfrentar una pena privativa de libertad que oscila entre tres y cinco años de prisión. Las autoridades continúan con las etapas procesales para determinar la responsabilidad definitiva del funcionario.
